Mujeres iraníes en el patíbulo

El optimismo respecto a la evolución positiva de los derechos civiles en Irán —y especialmente de la situación de las mujeres— con el que se recibió en algunos círculos occidentales la victoria de Masud Pezeshkian en las elecciones presidenciales del pasado julio ha quedado desmentido por las cifras de ajusticiados por el régimen de los ayatolás. La llegada de un político considerado moderado y reformista no ha evitado que la pena de muerte haya seguido siendo aplicada como política represiva sistemática. Pero además, en 2024 han sido ejecutadas más mujeres que en los 17 años anteriores, según denuncian organizaciones defensoras de derechos humanos.

El año pasado, al menos 901 ciudadanos iraníes fueron ahorcados por el régimen, según Naciones Unidas. De este número, 31 eran mujeres, de acuerdo con los informes de la organización Iran Human Rights (IHR) exiliada en Noruega. Y se trata de una cifra al alza. En 2023 fueron 22 las mujeres ejecutadas y 16 en 2022. Hay que recordar que la lapidación (utilizada con regularidad en Afganistán en ejecuciones públicas) y la crucifixión (empleada por el Estado Islámico contra las minorías cristianas) son todavía legales en la República Islámica, aunque desde hace 15 años solo se recurre al ahorcamiento. Los delitos por los que se dicta la pena capital van del asesinato al tráfico de drogas, pero también se incluyen conceptos como crímenes de Estado o espionaje. Irán ostenta otro triste récord: es el país del mundo que más personas ejecuta en relación con su población y en números totales es el segundo, solo por detrás de China.

Es irrefutable el incremento en la aplicación de la pena de muerte a las mujeres por parte de un régimen que ha reprimido sangrientamente una oleada de protestas populares que estallaron en septiembre de 2022 tras el asesinato en una comisaría de Teherán de la joven Mahsa Amini, quien fue detenida por la Policía de la Moral acusada de no llevar correctamente el velo islámico. A ello hay que sumar la elaboración de una legislación todavía más restrictiva sobre el uso del velo que contempla la pena de muerte, la flagelación y la cárcel para las mujeres que socaven la política oficial que les impone esta prenda.

La nueva ley aprobada en 2024 —y tachada de “draconiana” por organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional— ha quedado suspendida desde principios de este mes. El Gobierno iraní ha anunciado a bombo y platillo —incluso en el Foro de Davos— que se trata del cumplimiento de una promesa electoral de Pezeshkian. Pero lo cierto es que el descontento popular contra el régimen, agravado por la crisis económica, no ha hecho más que aumentar y la lucha de las mujeres iraníes contra la imposición del velo islámico ha alcanzado una notable extensión. Todo pese a la brutal represión y a la amenaza, constatada, de ser ejecutadas.