El Estado te vigila (también en el hotel)

A partir del 2 de diciembre quien duerma en un hotel, contrate los servicios de una agencia de viajes o alquile un coche en España tendrá que dar hasta 18 nuevos datos que serán comunicados a la Secretaría de Estado de Seguridad. Ese día, como ha contado Ignacio Cembrero en El Confidencial, entra en vigor el Real Decreto 933/2021. Entre los datos estarán el parentesco si un menor comparte habitación, el número de personas que viajan, el lugar de residencia, el teléfono y el email. Habrá que comunicar la forma de pago. Si es con tarjeta se deberá aportar el nombre, el número y la fecha de caducidad. Se pide el IBAN de la cuenta bancaria. El real decreto tendría que estar en vigor, pero se ha pospuesto porque no está lista la aplicación para subir los datos y porque hay oposición en el sector.

Sorprende que no haya habido más debate sobre esta alucinante cesión de información al Estado, que ha generado asombro en otros países (la regulación es mucho más estricta que en el resto de Europa). Si el silencio de la oposición se debe a que no se han enterado, es preocupante; si les parece bien resulta todavía peor. Y qué decir de esa izquierda que quería tanto a Foucault.

El reglamento “carece de rango de ley y no puede limitar derechos fundamentales amparándose en que desarrolla el artículo 25 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Tendría que estar el anexo en la propia ley y haberse debatido y aprobado en el Parlamento”, sostiene el experto Borja Adsuara. El decreto lo informa la Agencia de Protección de Datos, que señala que habría que justificar la necesidad de recabar esos datos. No se ha hecho. Se exige a los ciudadanos transparencia y sumisión, mientras que la administración no se molesta en cumplir las normas. El poder fiscaliza a los ciudadanos y no al revés.

Tampoco se consultó al sector, aunque la normativa le afecta directamente (para empezar, con una cantidad ingente de trabajo). La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos señala la oposición generalizada a nivel nacional y europeo. La normativa plantea problemas de seguridad: los datos son jugosos y podrían estimular ataques informáticos al Estado y a las empresas, que están menos protegidas. Eso, además, tras experiencias como el radar covid, el suplicio de los certificados electrónicos o el robo de los datos de millones de conductores a la Dirección General de Tráfico, y, asumiendo —y es mucho asumir— que no va a haber un mal uso de esa información.

El real decreto apela a la seguridad pero genera inseguridad, es legalmente dudoso y técnicamente inaplicable. Y, sobre todo, es un reglamento antiliberal y abusivo que invade de manera inaceptable la intimidad de los ciudadanos.