Pedagogía federal

autonómica, de modo que ninguna comunidad quede infrafinanciada ni perjudicada, lo que requerirá un incremento sustancial de la aportación del Estado, única vía para que cuadren las cuentas en caso de que se generalice el sistema de recaudación y redistribución propuesto desde Cataluña.

A la dimensión territorial añadieron ambos la social, una argumentación que sitúa como blanco de sus críticas al Gobierno de la Comunidad de Madrid, acusado de usar las aportaciones estatales para rebajar los impuestos a las rentas más altas mientras desmonta los servicios públicos para la mayoría y contribuye a los desequilibrios financieros en el conjunto de España. Según la vicepresidenta Montero, el nivel de servicios públicos debe ser el mismo con un similar esfuerzo fiscal, una ecuación que a todas luces, con un sistema caducado en 2014, no funciona en la actualidad.

Sin olvidar su origen coyuntural —como parte de un acuerdo de investidura y pendiente de una concreción que el Gobierno sigue debiendo a la ciudadanía—, el acuerdo catalán debería servir para profundizar en el carácter federal del Estado mediante la lealtad institucional, que obliga a quien recauda a cuidar del gasto y evita la actual irresponsabilidad fiscal. La bilateralidad que se denuncia ya existe —la recogen varios estatutos, no solo el de Cataluña—, aunque debe combinarse con la multilateralidad parlamentaria y del Consejo de Política Fiscal y Financiera. También la singularidad, que el propio PP catalán ha reivindicado, es compatible con el régimen común. Solo las interpretaciones que hace ERC del acuerdo —con su énfasis en obtener “la llave de la caja”— y las acerbas críticas de Junts —para desgastar a su rival independentista con la fijación de un concierto que no pueda extenderse a otras autonomías— presuponen la salida de ese régimen.