La extrema izquierda no existe

Había perdido ya toda esperanza cuando, por fin, observé en la pantalla el número que correspondía al que yo portaba en la muñeca, y accedí a la consulta. El médico, un joven cuyas ojeras le resbalaban hacia las mejillas en plena madrugada, me tomó la tensión pacientemente y, ante mi mueca interrogante, respondió: “no te preocupes, la tienes mucho mejor que yo, que llevo aquí miles de horas”. Las señales de agotamiento se acumulaban también en las enfermeras, los celadores contaban anécdotas de personal sanitario achacado de ansiedad crónica, pero lo que más me sorprendió fue la sinceridad de aquel doctor, quien, a pesar de la carga abrumadora de trabajo, visible asimismo en la cantidad de informes apilados sobre la mesa, intentaba a duras penas no desfallecer y hasta se permitía bromear con la situación. Ambos sabíamos que, de haber conseguido cita con el médico de cabecera a la mañana siguiente, yo no habría acudido a urgencias, pero mi infección no podía esperar los 10 días de media que tarda la atención primaria en ver a los enfermos, así que, desplegando cuanta amabilidad fui capaz, les agradecí su dedicación y luego me marché a casa, transformando por el camino esa cortesía y dulzura en rabia: se lo están cargando todo, es un robo a mano armada —cavilaba. Dos meses más tarde leí que los sanitarios andaluces habían protagonizado una huelga masiva.

El estado decrépito de la sanidad pública en mi comunidad autónoma y en otros puntos de España nos habla de una agenda sistemática con la que se persigue desmantelar el estado del bienestar en su conjunto y devolver a las ya precarizadas clases medias a su punto de partida: la miseria. Como vengo del futuro, Estados Unidos, no me resulta difícil proyectar un escenario tan factible como aterrador en mi tierra: facturas médicas impagables, mayor número de gente arruinada y/o tirada en las calles y, en pura lógica, una creciente inseguridad ciudadana que, a su vez, provoca la consabida segregación por clases que torna no solo hostil, sino imposible, la convivencia. En la cima, la escueta élite rapiñadora engordando sus bolsillos. En mitad de ese escenario, consecuencia directa de la implementación de políticas neoliberales a lo largo de décadas, se está produciendo un fenómeno de cariz discursivo que consiste en demonizar sistemáticamente a la izquierda a través de adjetivos como “extremista” o “radical”, a partir de los cuales se busca desplazar el espectro ideológico hacia la ultraderecha, de manera que degradar la educación pública a base de recortes o cerrar centros de salud suene, sonrisa mediante, a moderado. La trampa semántica bebe de una estrategia de comunicación trumpista fundamentada en mensajes hiperbólicos, cuando no totalmente falsos, heredados, además, del vilipendio que, durante la Guerra Fría, sufrieron los movimientos sociales: cualquiera mínimamente concernido con la vida del otro es “comunista”. No es preciso clarificar la absurdidad de tales clasificaciones, pues aquí nadie está reclamando nacionalizar la banca ni expropiar a las grandes fortunas, pero da lo mismo: el daño prevalece y se perpetúa igualmente en los medios y en las redes, sin ningún filtro de sentido común.

El problema es que se trata de una gran mentira. Las izquierdas contemporáneas, calificadas de peligrosos extremos que bordearían, en las versiones más desvariadas, perfiles terroristas, no pasan de articularse como meros instrumentos socialdemócratas para la preservación de lo que hace poco no se encontraba a la venta: la sanidad o la educación, por ejemplo. El Nuevo Frente Popular francés, liderado por el insumiso Jean-Luc Mélenchon, incluye en su programa medidas tan tibias como la subida del salario mínimo que compense la inflación, la puesta en marcha de vivienda social en tiempos de especulación inmobiliaria, o retornar a la edad de jubilación previa a la reforma de Macron, 62 años. En cierto modo, sus propuestas, como las de buena parte de los sectores progresistas occidentales, se orientan hacia “desfacer agravios y enderezar entuertos” —que diría Cervantes— relativamente recientes, asociados con la merma de derechos fundamentales y ese robo sañoso a las mayorías: la pérdida de poder adquisitivo o del suelo firme estatal cuyos servicios sufren una demolición. En ese sentido, se podría asegurar, contemplamos a unas izquierdas conservadoras tratando infructuosamente de salvar la casa, minimizar los estragos de sucesivas oleadas privatizadoras y necropolíticas, en una actitud bastante más defensiva que atacante. Por eso, en Estados Unidos son frecuentes las voces que anhelan restablecer el derecho al aborto a nivel federal, derogado por el Tribunal Supremo en 2022, o subir los impuestos a los ricos —quienes en su día llegaron a pagar un 90% por ciertos tramos del impuesto sobre la renta—; o en España se exige a las instituciones priorizar la seguridad habitacional frente al turismo que arrasa el tejido vecinal. Entre las pocas reivindicaciones faltas de un componente regresivo quizá destaque la reducción de la jornada laboral, aunque ecos de esa posibilidad ya se hallaban en el pensamiento del economista británico John Maynard Keynes hace casi un siglo.

Del lado del ecologismo, se constata esa tendencia de dique de contención de manera incluso más nítida: con la finalidad de frenar la máquina y proteger mínimamente lo que aún es salvable, los colectivos se organizan en torno a la conservación de espacios naturales y la biodiversidad, el derecho universal al agua, o a la mera respiración, teniendo como correlato internacional el Acuerdo de París y su objetivo de no sobrepasar el 1,5 ºC de calentamiento global, ya vulnerado, por cierto, durante los últimos 12 meses. El extremismo, se deduce, cae entonces del lado de quienes ansían expandir la destrucción de la biosfera hasta límites nunca antes vistos, tanto como la destitución de comunidades enteras, saqueadas en su potencialidad para vivir vidas dignas, bajo techo, provistas de agua corriente no contaminada por nitratos procedentes de la agricultura intensiva o las macrogranjas, con atención sanitaria, alimentación sana y asequible, empleo estable… “lo de antes”, dirán algunos, pues estos privilegios actuales se parecen sospechosamente a garantías mínimas arrebatadas.

Así como el Ángel de la Historia del filósofo Walter Benjamin, nosotros también miramos hacia atrás, pero esta vez movidos por las ganas de escudriñar el crimen y cerciorarnos de que el pasado podría contener muchas respuestas a las crisis contemporáneas. Si, según el escritor Miguel Ángel Hernández, existe una “nostalgia productiva”, aquella que logre contextualizar el tiempo pretérito en aras de, previa prospección arqueológica, localizar herramientas que permitan vislumbrar un futuro más halagüeño que el que pintan las derechas, no debería acomplejarnos la siguiente confesión: las izquierdas, a grandes rasgos, hoy en día son conservadoras. Su única radicalidad, si acaso, brota de la raíz; es decir, es etimológica. Cualquier acusación desbarrada que las sitúe en una hipotética marginalidad civilizatoria peca de una ignorancia imperdonable respecto a los últimos cien años de historia, o bien de una intencionalidad abiertamente ponzoñosa contra el bienestar comunal. Va siendo hora de impulsar un giro discursivo que esclarezca quién está firmemente a favor de la vida, y a quién no le importaría ver agonizar a sus hijos en una larga lista de espera quirúrgica, o bajo las arenas de un país convertido en desierto. Solo así conseguiremos desembarazarnos de un estigma que enturbia la opinión pública mientras los ladrones continúan perpetrando el delito definitivo.