Pactar todos los cargos o ninguno

Sugerencia: para su reforma en curso, el mal llamado Consejo General del “poder judicial” (CGPJ) debería redenominarse como Consejo de gestión de la judicatura. O de la Magistratura, como en Italia. Porque el concepto de poder judicial remite a un poder independiente, constituido por los jueces y magistrados que triangula con el Ejecutivo y el Legislativo el Estado de derecho. Lo constituyen no unos burócratas que administran ascensos, sino cada uno del conjunto de 5.416 togadas y togados dictando sentencias, autos y providencias.

Y luego, no mareen a los ciudadanos. Gobierno y oposición —al menos, sus principales vectores— han pactado lo más arduo, el CGPJ, tras un bloqueo de cinco años. Hagan bueno el aforismo romano: quien puede lo más, puede lo menos. Y pacten ya la composición de las cúpulas en todas las instituciones con vacíos de gobernanza o a punto de experimentarlos: el Banco de España, la Comisión de la Competencia (CNMC), la del Mercado de Valores (CNMV), el Ente de RTVE...

Sería estupendo para el prestigio europeo e internacional de España, entre tanta turbulencia. Y para PSOE, PP —y quien se apunte— constituiría una corolario coherente con haber seguido en lo judicial un incentivo común a ambos, como partidos de poder: evitar el coste reputacional de una reprimenda de Bruselas en el inminente Informe sobre el Estado de Derecho… y una eventual derivada de sanción económica sobre los fondos europeos.

No mareen con un rácano cherry picking (picar cerezas), aquí pactaré, allá no, acullá lo rumiaré. Ahórrennos tensión. Acuerden el conjunto, si conviene con algún amable ultimátum desde la izquierda, que funciona; o de entrada, rechacen todo pacto. Eso favorece en lo inmediato al Partido Popular, porque el Gobierno podría prescindir de él y designar libérrimamente las cúpulas del banco central, la CNMC y la CNMV —para RTVE se necesitan dos tercios del Congreso—. Cierto, pactando los conservadores lograrían poltronas para sus próximos ideológicos, aunque no todos corroídos por incompatibilidades morales como Arnaldo, Espejel o Macías.

Así, ¿qué ganaría el Gobierno? Certificar otra vez que el “sanchismo” no es un infierno, sino un rival con el que se puede pactar. Pacificar todas las instituciones. Acreditar magnanimidad democrática. Y moldear una legislatura menos brutalista. ¿Buenismo intangible? Quizá. ¿Y qué?