Frenar la matanza en Gaza

España se sumará a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU por presunto incumplimiento de la Convención para Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Será así el primer país de la Unión Europea en comparecer en el proceso como parte. Son ya 13 los firmantes de la Convención que han expresado su intención de litigar contra otro Estado también firmante, el israelí, por vulnerar el acuerdo promovido en 1948 para evitar precisamente que se repitieran genocidios como el sufrido por el pueblo judío en Europa bajo el régimen nazi.

Esta es, junto al reconocimiento del Estado palestino, la segunda iniciativa con la que España se sitúa en vanguardia de la diplomacia continental mientras Estados Unidos, Egipto y Qatar pugnan por imponer una tregua. No es la española una iniciativa que se pueda minimizar como simbólica, ya sea por parte de quienes proponen medidas más drásticas —y probablemente inútiles o incluso perjudiciales, como la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel—, ya sea por quienes descalifican los pasos del Ejecutivo como parte de la campaña electoral europea. Los instrumentos del derecho internacional son el recurso apropiado para presionar a un Estado que lo está vulnerando reiteradamente al tiempo que desobedece las medidas cautelares —de obligado cumplimiento— impuestas en enero por el propio Tribunal Internacional de Justicia.

El Gobierno español pretende que Israel obedezca esa orden y pare la guerra, pero no se ha pronunciado sobre la acusación de genocidio expresada personalmente por algunos de sus ministros y, sobre todo, por sus socios de coalición o de investidura. Tampoco el tribunal internacional ha entrado hasta ahora en el fondo de la acusación sudafricana. Cuando lo haga —pueden pasar años— será probablemente demasiado tarde como para que tenga algún efecto sobre la destrucción y el sufrimiento inferido a la población civil de Gaza. Su resolución, además, tiene carácter de arbitraje entre Estados, no efecto penal, algo que corresponde a la Corte Penal de Justicia.

Lo urgente no es pues la prueba del supuesto genocidio sino la aplicación cautelar de medidas para evitarlo. Lo que se exige a Israel es que cese en sus bombardeos indiscriminados, garantice los suministros a la población y termine con la hambruna. A Hamás, por su parte, se le exige que libere a los rehenes. Tales objetivos validan por sí mismos la iniciativa española.

Es inevitable, no obstante, relacionar la demanda con el cierre decretado por Israel de los servicios consulares que España presta a los ciudadanos palestinos en Jerusalén desde 1853, cuando el territorio se hallaba aún bajo el imperio otomano y, posteriormente, el mando británico. Esta restricción es una represalia por el reconocimiento del Estado de Palestina que finalmente recae sobre una población sin responsabilidad alguna en la decisión española, pero constituye una vulneración adicional de las costumbres y convenios multilaterales, en este caso ejercidos en un consulado abierto el siglo XIX, mucho antes de la creación del Estado de Israel.

La respuesta española se limita a utilizar las armas pacíficas del derecho internacional y demuestra ejemplarmente el valor de la diplomacia, temida por el extremista Ejecutivo israelí por sus efectos sobre el conjunto de la Unión Europea. No es el Gobierno de España sino el de Netanyahu el que está cada vez más aislado.