Dos Estados para alcanzar la paz

España reconoció este martes el Estado palestino en una decisión coordinada con la República de Irlanda y Noruega que ha sido calificada de histórica por los responsables de sus respectivos gobiernos. No hay precipitación ni es fruto del oportunismo de una campaña electoral, sino todo lo contrario. De forma largamente meditada y negociada, España ha dado un paso que se concreta en un momento especialmente preocupante, coincidiendo con la matanza atroz perpetrada por el Ejército israelí en un campamento de Rafah y el inicio de una ofensiva que EE UU considera la línea roja de su apoyo. El bombardeo y el incendio de los tendales donde se habían instalado los civiles, en una zona calificada como refugio, ha descalificado cualquier pretensión israelí de vender a Washington una ocupación militar del sur de Gaza como incruenta para la población, y ha obligado al primer ministro Benjamín Netanyahu, responsable de la tragedia, a confesar un “error trágico”.

El reconocimiento de Palestina tiene una función inmediata, compartida ampliamente por la comunidad internacional, como es ejercer la máxima presión para que Israel cese en sus ataques a la población civil, garantice los suministros vitales a los gazatíes y acceda al alto el fuego permanente que permita la liberación inmediata de los rehenes secuestrados por Hamás. El movimiento diplomático se suma a las resoluciones de dos tribunales internacionales, el de Naciones Unidas y el surgido del Estatuto de Roma. El primero ha exigido el cese de las hostilidades y la reanudación de suministros, y el fiscal del segundo ha declarado sospechosos de crímenes de guerra, y por tanto susceptibles de detención, a Netanyahu y a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por el asedio y la hambruna a los que está sometida la población civil, la misma consideración que ha aplicado a los líderes de Hamás.

Lejos de ser un gesto simbólico, reconocer a Palestina es un impulso para que otros países europeos y finalmente la propia Unión terminen añadiéndose a los 143 países de Naciones Unidas que ya la reconocían. Coincide con la convocatoria, decidida por unanimidad de los 27, del Consejo de Asociación entre la UE e Israel para verificar por primera vez el cumplimiento de los compromisos israelíes en derechos humanos en el marco de las relaciones privilegiadas y de la estrecha cooperación que mantiene con los países europeos.

La fórmula adoptada no es una mera declaración con efectos protocolarios, sino un compromiso que pretende superar el paradigma de paz inaugurado en Madrid y Oslo en los noventa. La experiencia demuestra que el punto de llegada que era el Estado palestino debe convertirse ahora en punto de partida, de forma que israelíes y palestinos se vean obligados a negociar bilateralmente a partir de las fronteras reconocidas por la ONU. Favorece el cambio de paradigma la trayectoria política de Netanyahu, dirigida toda entera a evitar la existencia de un Estado palestino, fomentando la colonización y ocupación de su territorio, la división entre palestinos e incluso el asentamiento de la organización terrorista e islámica Hamás en Gaza en detrimento de la pacífica y laica Autoridad Palestina.

La decisión no es solo una necesidad histórica y de justicia, según el presidente Sánchez, sino “la única manera de avanzar hacia la solución que todos reconocemos como la única posible para lograr un futuro de paz: la de un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel en paz y seguridad”. España descarta que Israel mantenga su presencia militar o administre la Franja y considera que solo la Autoridad Palestina puede recuperar el control de todo el territorio. Quiere que Palestina sea un Estado viable, asentado sobre Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania, estos dos últimos conectados por un corredor terrestre. Y fundamenta tal propuesta en las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 242 y 338, de las que se desprende la abierta ilegalidad de las colonias de ocupación judías construidas a partir de 1967.

La idea española, asentada sobre la posición europea, conduce a una negociación ya no sobre la eventualidad del Estado palestino, sino sobre la exacta delimitación de las fronteras entre ambos Estados, en la que se presuponen canjes y ajustes de territorios. Madrid, en consecuencia, “no reconocerá cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes”. Se entiende la irritación que ha producido en un Gobierno como el de Netanyahu, ya que si prospera esta vía se verá obligado a negociar en igualdad de condiciones, a diferencia de lo que ha sucedido desde Oslo, y quedarán obsoletas las pretensiones expansionistas de la derecha israelí sobre el territorio íntegro entre el Jordán y el Mediterráneo.

No se entiende el desvarío del ministro de Exteriores Israel Katz con su airada e injusta reacción contra España, con la que está hundiendo a la prestigiosa diplomacia israelí en el barro del insulto y la coacción, la difamación y la manipulación de la historia, prácticas incivilizadas y ajenas a las buenas costumbres diplomáticas. Este gobierno de extrema derecha que padece Israel actúa como si su país solo tuviera derechos y ninguna obligación, ni siquiera con las formas educadas y civilizadas, sustrayéndose de la legalidad internacional y de las reglas de juego en general siempre que le conviene y aceptándolas solo si se ajustan exactamente a sus intereses. No se lo merecen los ciudadanos de Israel ni tampoco los numerosos amigos que tiene Israel en España y en el mundo.