La lucha contra los abusos avanza

Una jueza de instrucción de Madrid abrió el jueves diligencias contra el dramaturgo Ramón Paso, tras la denuncia presentada por la Fiscalía madrileña como presunto autor de agresiones sexuales cometidas entre 2018 y 2023 contra 14 mujeres de entre 18 y 25 años. Otras siete mujeres, actrices, han solicitado que sus testimonios se añadan a la denuncia. Todas relatan situaciones de violencia sexual, acoso, coacciones y maltrato cuando trabajaron con Paso. Algún caso se remonta a 2015. La querella de la Fiscalía cita presuntos delitos de agresión sexual —a veces con carácter continuado— y contra la integridad moral, además de acoso, hostigamiento y coacciones. A diferencia de hechos similares que han salido a la luz en los últimos tiempos, este no ha trascendido por una investigación periodística —como la que este diario publicó en enero sobre el cineasta Carlos Vermut—, sino por una denuncia colectiva que la Fiscalía ha investigado durante cinco meses.

Respetando la presunción de inocencia que asiste a Paso, los hechos descritos repiten un patrón de comportamiento conocido. El presunto agresor sexual se sirve de su posición de poder sobre la víctima —en su mayoría jóvenes que querían labrarse una carrera teatral—, amparado en una cultura de impunidad en la que muchos saben, pero callan. Y en la que la propia víctima teme dar el paso de denunciar por temor a resultar afectada en diversos ámbitos de su vida o revictimizada. Resulta relevante que otras siete mujeres hayan decidido, al conocer la actuación de la Fiscalía, contar posteriormente lo que sufrieron, ejemplo de que visibilizar estos comportamientos es la manera de acabar con ellos. Es encomiable la inmediata reacción del mundo teatral, que despierta esperanzas de que la tolerancia con las agresiones se ha acabado y no hay marcha atrás.

Cualquier actuación que ponga coto a la violencia machista es bienvenida, más aún desde los poderes públicos. Tras publicar EL PAÍS la investigación sobre Vermut, el Ministerio de Cultura anunció que impulsaría una unidad de “atención y prevención de las violencias machistas en el sector cultural”. Casi tres meses después, no se ha vuelto a saber más de la idea. Su desarrollo, si es efectivo, serviría para avanzar contra los abusos en un sector que, por su visibilidad y características, puede servir de acicate para progresar contra el machismo en otros muchos.

La decisión de la jueza madrileña se conocía el mismo día que un tribunal neoyorquino revocaba la condena por violación impuesta en 2020 al exproductor Harvey Weinstein, la causa que desató la ola del Me Too, y ordenaba repetir el juicio. Este revés se basa en una cuestión formal y no debe desanimar a denunciar a quienes sufren el abuso de poder de depredadores sexuales. Solo se acabará con la impunidad si se acaba primero con la ley del silencio, el miedo y la opacidad que envuelven las agresiones. Esta nueva denuncia solo ratifica esa imperiosa necesidad.