Sunak se empeña en la crueldad

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha logrado finalmente torcer el brazo de la Cámara de los Lores, donde un puñado de laboristas e independientes intentó hasta el final suavizar la llamada Ley de Seguridad de Ruanda. Después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido declarara ilegal el tratado firmado con el país africano para establecer un sistema automático de deportaciones de inmigrantes irregulares desde territorio británico, el Gobierno decidió redoblar la apuesta y sacar adelante una política migratoria a la que Sunak ha vinculado su futuro como primer ministro. La nueva ley elimina en la práctica cualquier posibilidad de que una persona llegada de modo irregular —ilegales, insiste en llamarles la jerga oficial— a las costas del Reino Unido pudiera solicitar asilo. Pero va más allá: declara de un modo voluntarista e interesado a Ruanda un país seguro para los inmigrantes para poder enviarlos allí. De ese modo cierra el paso a cualquier juez o tribunal que pusiera en duda las garantías jurídicas de las deportaciones. Finalmente, el texto deja en manos del ministro de turno la prerrogativa de desobedecer cualquier decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que pretenda frenar los vuelos con inmigrantes.

Sunak necesitaba una victoria política tangible antes de las elecciones locales del 2 de mayo. Las encuestas vaticinan un nuevo hundimiento del Partido Conservador, y presentan al actual primer ministro como un político sin carisma ni apoyo popular. El plan de Ruanda es una señal de firmeza dirigida a un electorado conservador que ha puesto la cuestión migratoria en el primer nivel de sus prioridades.

La victoria, en cualquier caso, será pírrica. Ya hay organizaciones humanitarias y despachos de abogados dispuestos a inundar los tribunales con una avalancha de recursos contra las primeras deportaciones. Sunak ha anunciado que los primeros vuelos saldrán rumbo a Ruanda en julio. Muchos críticos del Gobierno, y la propia oposición laborista, vaticinan que no despegará un solo avión, y que el primer ministro se limita a impulsar, por puro instinto de supervivencia política, un plan de dudosa legalidad pero también de escasa eficacia económica. El precio que costará enviar a cada inmigrante irregular (dos millones de euros por persona) es notablemente superior al que supondría retenerlo en el Reino Unido y tramitar allí su solicitud de asilo. Con los cálculos más optimistas, apenas viajarían 200 personas al año hacia el país africano, mientras que decenas de miles más permanecerían en territorio británico.

Asegura Sunak que el propósito último de su plan es lograr un efecto disuasorio que desaliente de lanzarse a la temeridad de cruzar el canal de la Mancha (más de 29.000 llegadas en 2023, según el Gobierno). Nada parece indicar, por el momento, que ese flujo se haya parado.

A cambio, el Gobierno conservador ha arruinado la imagen internacional del Reino Unido como país de acogida, y no hay señales de que la aprobación de la ley vaya a apaciguar la guerra interna en la que están sumidos los tories. El ala dura de la formación considera que la ley es pusilánime e ineficaz, y que sigue dejando huecos abiertos para que los tribunales frenen las deportaciones, concretamente, la posibilidad de excepción para quienes sufran un riesgo para su salud física o mental si son enviadas a Ruanda. Ese es el nivel de extremismo contra la inmigración al que ha sucumbido gran parte de la formación de Sunak. Es una señal de atención al resto de Europa que muestra adónde puede conducir el debate migratorio cuando se ignoran los datos y los argumentos humanitarios.