Dañar las instituciones Constitucionales

Leí, sin sorpresa, el recorrido que un fiscal en activo, líder de una muy minoritaria asociación de fiscales hizo por varios periódicos para poner en entredicho a la Institución Constitucional del Ministerio Fiscal, minando su credibilidad, y causando grave daño al Estado de Derecho.

Argumenta sobre los principios de legalidad e imparcialidad y sobre la dependencia jerárquica que rige la Institución, pero olvida algo fundamental como es el mandato constitucional de defender el interés público y promover ante los Tribunales el interés social, y no son los funcionarios, por importantes que se consideren, los que ha de interpretar el interés social ni el interés público que ha de tener en consideración la actuación del Ministerio Fiscal. Eso corresponde al Fiscal General propuesto por un Gobierno que nace de un Parlamento votado por los ciudadanos. No de la voluntad corporativa de los funcionarios. Es de la voluntad derivada del proceso electoral.

Siempre ocurre lo mismo. Cuando es el Gobierno del partido que ahora está en la oposición el que, legítima y legalmente, propone al Fiscal General del Estado, y éste determina los criterios de actuación de la Institución de acuerdo con las leyes, y nombra a los fiscales de Sala y Fiscales Jefes que han de llevar a cabo los criterios antes dichos, todo es correcto y normal, pero si con la misma legitimidad y legalidad lo hace un Fiscal General propuesto por un Gobierno progresista todo es incorrecto, todo es un fraude al Estado de derecho, todo son nombramientos inadecuados. En definitiva, parece que definir el interés social y el interés público y el derecho a dirigir la Institución es patrimonio sólo de unos, tal vez por creer que les corresponde a ellos, con sus criterios, por siempre.

Pero el discurso que se ha hecho en la prensa alcanza su mayor gravedad cuando se insinúa que se están tergiversando y retorciendo las leyes para favorecer determinados intereses políticos. Y se pone en duda la honestidad de los profesionales responsables de la Fiscalía que tienen el deber constitucional y legal de fijar sus criterios de actuación en los procesos, como se ha hecho y se ha de hacer siempre, tras el debate correspondiente, con todos los datos para su estudio, en el marco legal que rige la Institución.

Y junto a todo esto, los consabidos ataques personales a la anterior Fiscal General lo mismo que al actual. Si se desea conocer en que quedan todas estas acusaciones, así como el contenido del informe aprobado por una mayoría significada políticamente dentro del desprestigiado y caducado CGPJ, se debería ver y escuchar la comparecencia del actual Fiscal General ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde es su deber hablar y exponer sus criterios de dirección, y donde los representantes del pueblo le declararon idóneo para el cargo. Ahí, el Fiscal tuvo oportunidad de defender su profesionalidad e integridad jurídica y personal ante todos los grupos parlamentarios, algo que no puede hacer desde las mismas tribunas y condiciones que otros utilizan para hacer daño irresponsablemente, y desde las que alientan operaciones político/judiciales encaminadas a tratar de limitar el legítimo y obligado ejercicio de promover el interés social ante los Tribunales. Tal vez, porque ese interés social no sea el que no gusta a los sectores que pretenden detentar el poder a toda costa.

Creo que los ciudadanos no merecen el trato que algunos dan a las Instituciones Constitucionales, dañando gravísimamente la credibilidad ciudadana en las mismas.

Félix Pantoja García es Fiscal de Sala del Tribunal Supremo jubilado. Ex vocal del CGPJ.