José Luis Ábalos como factor de inestabilidad

Cuando acaban de cumplirse los primeros cien días de una legislatura muy complicada, el nuevo Gobierno se ha visto obligado a lidiar con un episodio de corrupción que golpea a un miembro muy destacado del PSOE de Pedro Sánchez y de uno de sus Ejecutivos. Los socialistas han hecho lo que tenían que hacer: exigir responsabilidades políticas mientras los tribunales hacen su trabajo. Pero la negativa del diputado socialista José Luis Ábalos a abandonar su escaño debilita la autoridad de Sánchez y complica aún más la acción de un Gobierno necesitado de encontrar apoyos parlamentarios externos para cada movimiento en el Congreso.

El caso Koldo, nombre del asesor principal de Ábalos y uno de los implicados en la trama, estalló el pasado 20 de febrero con la detención de 20 personas supuestamente relacionadas con el pago y el cobro de mordidas por las compras de mascarillas desde el Ministerio de Transportes en las primeras semanas de alarma por la pandemia de covid.

La querella —presentada por Anticorrupción hace varios meses tras más de un año de investigación a raíz de una denuncia del PP de Madrid— señala a Koldo García, el hombre de confianza de Ábalos cuando este era ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE. Era, supuestamente, el hombre que facilitó a una empresa sin apenas actividad el contrato de 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros. A cambio, según la Fiscalía, cobró comisiones por 1,5 millones que invirtió en la compra de tres pisos y varios terrenos en suelo rústico.

Ábalos era el secretario de Organización socialista en 2018 cuando se presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy a raíz de la sentencia del caso Gürtel, que condenó al Partido Popular como partícipe “a título lucrativo”. Fue hombre clave en las negociaciones para forjar las mayorías necesarias para apartar al entonces presidente del Gobierno y situar a Pedro Sánchez como jefe de un Ejecutivo que exigía tolerancia cero contra la corrupción.

Durante los tres años que siguieron a ese episodio fue un dirigente socialista con inmenso poder en el partido y en el Gobierno. A la luz de los datos —su asesor principal cobró supuestamente comisiones de la empresa que hizo un negocio redondo con la venta de mascarillas—, resulta evidente su responsabilidad política, por la que debería dimitir como diputado, como le exigió su partido. Y eso a pesar de que, como defendió el propio Ábalos ayer, su nombre no aparece en las pesquisas judiciales. No está imputado, pero la responsabilidad in vigilando que el PSOE ha exigido al PP en otras ocasiones debía aplicársela Ábalos en esta.

La gravísima emergencia desatada por la covid en marzo de 2020 permitió a las administraciones saltarse los requisitos formales que exige la Ley de Contratos del Sector Público en la búsqueda desesperada de material de protección. Como ha informado este periódico, el Tribunal de Cuentas detectó adjudicaciones a dedo, sin que las empresas acreditaran experiencia ni solvencia y con precios más que inflados, pero el decreto que puso en marcha el estado de alarma permitía lo que en otro tiempo habría sido motivo de grave reproche penal.

La dimisión temprana de José Luis Ábalos habría ahorrado a los ciudadanos este lamentable espectáculo, del que sale malparado el Partido Socialista pero también la clase política española. La sobreactuación del Partido Popular, una formación que se enfrenta todavía a decenas de causas por corrupción y con algunos cargos autonómicos y municipales envueltos en graves sospechas de irregularidad en la compra de mascarillas, no ayuda a un debate sereno sobre lo ocurrido.

La negativa de Ábalos a abandonar su escaño es un desafío a la autoridad de Pedro Sánchez en sus propias filas, algo que no sucede desde que ocupa la Secretaría General del PSOE y la Presidencia del Gobierno. El paso del exministro al Grupo Mixto del Congreso añade un factor de inestabilidad, en principio insignificante porque ya ha anunciado que votará disciplinadamente con el Ejecutivo, en una legislatura ya de por sí complicada para formar mayorías parlamentarias.

La gestión del PSOE de este escándalo —pese a la rapidez y a la suspensión de militancia acordada ayer de urgencia tras negarse Ábalos a dejar su acta— es manifiestamente mejorable porque a partir de ahora se encontrará con un ex secretario de Organización del partido en el Grupo Mixto.

Ha tenido que ser una actuación judicial la que ha destapado un escándalo que requiere una investigación profunda y que empieza con mal pie del lado político. El PP exige en el Senado una comisión de investigación y el PSOE propone otra en el Congreso para indagar en todos los contratos suscritos durante el estado de alarma. Sería deseable que ninguna de las dos se convirtiera en una coartada para buscar vergüenzas ajenas en lugar de esclarecer los errores propios y aprender de ellos para el futuro.