Regular el uso de los móviles

En las últimas semanas ha irrumpido con fuerza en España el debate sobre si debe prohibirse el uso del móvil en los centros educativos e incluso si deben adoptarse medidas normativas para retrasar su uso hasta los 16 años, como sostienen algunos grupos de padres. Los teléfonos inteligentes pueden tener efectos contradictorios, de ahí la complejidad de su regulación. Las ventajas que aportan son tan obvias que en poco tiempo se han convertido en una herramienta imprescindible, pero también se ha observado que generan problemas, entre ellos una posible adicción. Según el Instituto Nacional de Estadística, 7 de cada 10 escolares de entre 10 y 15 años tienen teléfono móvil y a los 13 años, el porcentaje alcanza el 94%. El último informe GEM de la Unesco revela que en España desde 2010 se ha duplicado el tiempo que los adolescentes pasan conectados.

Ahora sabemos que la tecnología no es inocua y que concierne a las familias plantearse cuándo y en qué condiciones de uso permiten el acceso de sus hijos a una herramienta con tanto poder de seducción. No hay fórmulas mágicas. La decisión debe tomarse en función de la personalidad y la madurez de los hijos, pero teniendo siempre en cuenta que es imprescindible un acompañamiento atento de los padres, cosa que muchos niños no tienen. Otra cosa es el uso del móvil en el aula. Hay abundantes estudios que indican que su presencia interfiere en la capacidad de concentración y afecta al rendimiento de los alumnos, lo que ha llevado a numerosos países a limitar o prohibir su uso. En España hay comunidades —Galicia, Castilla-La Mancha y Madrid— que lo han prohibido, aunque dando margen a los centros para decidir su uso con fines pedagógicos. Los expertos recomiendan limitar o prohibir el uso discrecional o recreativo del móvil, pero sin que ello afecte a la tarea de educar a los niños en sus habilidades tecnológicas.

Mientras se profundiza en el conocimiento empírico, hay que evitar apriorismos y polarizaciones innecesarias. En el debate se aprecia cierto miedo que no ayuda a objetivar el problema. Muchos padres temen las restricciones porque han convertido el móvil en un instrumento de control para saber dónde están sus hijos. Y está el miedo a los efectos de la propia tecnología, desde el riesgo de ciberacoso a problemas de adicción, que llevan a pedir que se prohíba antes de los 16 años. La dificultad de educar a los niños sobre el uso responsable de los móviles no debería conducir a soluciones precipitadas o reduccionistas.