Derecho a discrepar, deber de convencer

Las multitudinarias manifestaciones convocadas por el PP ayer de forma simultánea en toda España evidenciaron que existen centenares de miles de españoles contrarios a la anunciada ley de amnistía para el procés que Pedro Sánchez ha negociado a cambio de los votos que necesita para su investidura. La movilización, que secundó Vox, se desarrolló con normalidad democrática, como la expresión de una profunda discrepancia política y sin los disturbios que han coronado varios días en Madrid el acoso convocado por la extrema derecha ante las sedes del PSOE. Acoso a la sede de un partido político rival que continúa sin una condena expresa de los populares, como tampoco se desautorizó ayer el grito “Pedro Sánchez a prisión”.

El PSOE, Sumar y todos sus socios de investidura harían mal en ignorar el calado social de estas manifestaciones por mucho que la retórica incendiaria de los dirigentes de las derechas nacionales desvirtúe, en este momento, cualquier confrontación dialéctica seria sobre la necesidad y el alcance de la amnistía y sobre cualquiera de los otros acuerdos firmados. Pedro Sánchez se dispone a gobernar a todos los españoles, también a los que manifiestan una oposición frontal a una medida que tiene una fuerte carga emocional, tanto en Cataluña como en el conjunto de España, al margen de cualquier otra consideración jurídica o política. Esta es la realidad que alcanza a votantes de todos los partidos. Las iniciativas legislativas y las políticas de un Gobierno tienen que poder ser entendidas por la ciudadanía para no hacer más grande la brecha que muchos se empeñan en ahondar. El secretismo con el que se ha llevado la negociación, probablemente imprescindible para conducirla a buen puerto, debe dar paso a una explicación completa y coherente del proyecto de España que Pedro Sánchez ofrece al conjunto del país apoyado por una mayoría parlamentaria muy diversa. El discurso de investidura será la primera ocasión, y la larga tramitación parlamentaria de la amnistía la que permitirá el debate. De la inteligencia política de todos los actores depende que se consiga atraer hacia un proyecto plural e inclusivo a muchos catalanes desencantados con la unilateralidad, pero que evite también el desafecto o la radicalización de muchos votantes de derechas en todo el país. Si la mayoría parlamentaria que hará a Sánchez presidente suma 179 escaños, la que se opone tiene la nada despreciable cifra de 171.

El resultado del 23-J dejó el país dividido en dos bloques, y una muestra del complejo panorama que se abrió entonces ha sido la duración de las negociaciones. Como en todos los pactos de esta envergadura, se han hecho concesiones negadas antes. El acuerdo para el Gobierno de coalición, del PSOE y Sumar y de fuerte contenido social, se contó con detalle. Los otros cinco se han anunciado en pocos días y sus medidas se han explicado con trazos gruesos lo que, con la crispación actual, los ha convertido en banderín de enganche para la desinformación y la demagogia.

En la multitudinaria concentración de ayer en Madrid, Alberto Núñez Feijóo anunció que seguirán movilizados hasta que votemos otra vez, tres meses después de haberlo hecho. Llegó a preguntarse ¿por qué temen a las urnas?, lo que inevitablemente remite al argumentario con el que el independentismo defendió sus referendos ilegales. En un sistema parlamentario gobierna quien alcanza una mayoría de apoyos, con acuerdos y cesiones, aunque no fuera el más votado —como puede ocurrir dentro de poco en Polonia para beneficio allí de los conservadores—, olvidarlo y tratar de ilegítimo a quien lo consigue distorsiona las reglas de juego que establece la Constitución del 78.