La justicia en urgencias

El acto de apertura del año judicial que presidió ayer el rey Felipe VI se celebró entre la preocupación por una justicia malherida tras años de parálisis por el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Mientras la memoria anual de la Fiscalía responde a los cambios sociales y plantea investigar a la cúpula de la Iglesia por encubrir casos de pederastia dentro de la institución o alerta de la preocupante subida de delitos sexuales cometidos por adolescentes, el órgano de gobierno de los jueces se mantiene fosilizado.

El Consejo lleva con el mandato caducado desde diciembre de 2018 y con las funciones limitadas —no puede hacer nombramientos de cargos— desde marzo de 2021. Carlos Lesmes, el presidente del órgano elegido en 2013, dimitió el año pasado tras comprobar que todas sus apelaciones a la clase política para que acordaran la renovación caían en saco roto.

Hay que recordar una vez más que desde hace casi cinco años, el Partido Popular se niega a acordar con el PSOE la elección en el Congreso y el Senado de los 20 vocales que componen el CGPJ. La formación conservadora, cuyos votos son necesarios para completar los tres quintos de ambas cámaras que requiere la renovación, ha agotado ya el catálogo de excusas para justificar esa parálisis. El Consejo General del Poder Judicial es una institución gobernada desde hace casi una década por una mayoría de vocales conservadores, elegidos en 2013 por el PP con el beneplácito del PSOE, entonces en la oposición.

Al acto de apertura del año judicial acudió ayer Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la primera sesión de investidura tras las elecciones generales del 23 de julio. A su partido le compete sacar al Consejo de una situación que afecta ya al Supremo, con 23 plazas de magistrados sin cubrir —un tercio del total— y con un atasco judicial en aumento. No hay noticia de que vaya a abordarse la urgencia constitucional de esta renovación.

El presidente accidental del alto tribunal, Francisco Marín Castán, reclamó ayer a la clase política, sin citar siglas ni partidos, un compromiso democrático de cooperación para acordar ya la renovación del Poder Judicial, al que atribuyó una situación crítica, “casi de respiración asistida”. Como afirmó el magistrado, no abordar esa renovación es una forma de cercenar la independencia de uno de los poderes del Estado democrático. Según subrayó dramáticamente Marín Castán, en un momento en el que el buen funcionamiento de la justicia está en entredicho, todos los actores, sobre todo los políticos, deben ser conscientes de que su responsabilidad está por encima de los intereses partidistas.

La separación de poderes es un hecho en España. Pero para que ese principio fundamental de la democracia despliegue todos sus efectos es necesario que el poder político haga los deberes que le marca la Constitución, muchas veces utilizada como arma arrojadiza en la contienda partidista. Cuando no es mera retórica, el constitucionalismo también pasa por cumplir las reglas del juego recogidas en la Ley Fundamental. El presidente del Supremo alertó ayer de que, si se mantiene el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, la democracia y el Estado de derecho corren “un serio riesgo”. No hay más tiempo que perder.