Un programa para quebrar consensos

La presentación del programa electoral con el que Vox concurre a las elecciones del 23-J resulta meridianamente clara en su propósito de crear lo que ellos llaman “una auténtica alternativa”. Nadie podrá acusar a Santiago Abascal de no ser suficientemente concreto en la descripción del modelo de España que defiende. La lectura del programa permite aproximarse a una fuerza política reaccionaria que desafía los fundamentos del consenso constitucional y erosiona los ejes vertebradores sobre los que se articula hoy la convivencia en España. No en vano, el programa está trufado de referencias a delincuentes, enemigos de España, élites extranjeras, totalitarismo global, agendas importadas, leyes liberticidas o ideologías disolventes contrarias al sentido común que modelan, a la larga, la narrativa necesaria para poder legitimar la adopción de las medidas en él contenidas.

El sistema autonómico conforma una de las paredes maestras sobre las que se asienta nuestro pacto constitucional. Como es sabido, la Constitución de 1978 no es militante y, en consecuencia, admite la discusión de toda iniciativa política. Esto no obsta para reconocer que fue necesario un gran coraje político e inventiva jurídica para configurar en España un modelo político con vocación federal y capacidad para dar respuesta a las reivindicaciones de nacionalidades y regiones que sigue plenamente vigente. En este contexto, Vox presenta a estas elecciones algunas iniciativas contrarias a este modelo y de imposible ejecución práctica, como es el caso de la devolución inmediata de competencias al Estado en educación, sanidad, interior y justicia o tráfico y protección civil. Más aún, esta fuerza política también parece dispuesta a erosionar los fundamentos mismos de la idea de autonomía a través de sus propuestas. Solo así se entiende una iniciativa encaminada a reducir la capacidad legislativa de las comunidades autónomas, otra para suspender la autonomía “inmediatamente” de aquellos gobiernos que atenten contra la unidad de España, una más para aprobar una ley que permita ilegalizar partidos políticos separatistas y terroristas o la que quiere suprimir los sistemas fiscales respaldados por derechos históricos y cobertura constitucional.

El programa no oculta tampoco la ansiedad de Vox por derogar cualquiera de las leyes que llama destructivas, como la de violencia de género. Lo propio se plantea en relación con la del aborto, la eutanasia y, por supuesto, la ley de memoria histórica, la del solo sí es sí o la ley trans por tratarse esta última de una ley que, a su juicio, contiene derechos ficticios. El listado de derogaciones es tan extenso que vacía de contenido los avances sociales de los últimos años. Vox también propone hacer desaparecer al Tribunal Constitucional, los Consejos Consultivos o las Defensorías del Pueblo y sustituirá el Ministerio de Igualdad por uno de Familia. No resultan menos sorprendentes las medidas del programa en materia de lucha contra la inmigración ilegal con bloqueo naval incluido. También se propone abandonar el Acuerdo de París por entenderlo lesivo a la soberanía energética de España. Y por si esto no fuera suficiente dislate, también se reivindica la primacía del Derecho español en una Europa de naciones libres y soberanas.

La ambición de Vox por conquistar las instituciones con un programa que hace quebrar los consensos políticos, sociales o científicos vigentes en nuestro país es un riesgo cierto. Los gobiernos de algunas comunidades autónomas así lo demuestran y nada invita a pensar que esta agenda disruptiva que describe el programa electoral de la ultraderecha no acabe también por imponerse, si nadie lo remedia, en el Consejo de Ministros que salga de las elecciones generales. El PP, hasta ahora, no parece dispuesto a impedirlo.