La Justicia, en la UCI

No supone nada nuevo que la Justicia apenas haya obtenido unas pocas alusiones en la campaña electoral que acaba de terminar y cuyos resultados han derivado en una convocatoria anticipada de elecciones generales.

Lo que sí resulta extraño esta vez es que en esta campaña se haya obviado la enorme gravedad de su situación, al borde del colapso tras el parón de la covid, la reciente huelga de letrados de la Administración de Justicia, y en medio de la sostenida por los funcionarios judiciales con carácter indefinido.

La parálisis del servicio público de justicia afecta gravemente a toda la ciudadanía y exige una solución inmediata.

A esta grave situación se añade ahora que todos los proyectos legislativos para la reforma de este servicio público acaban de decaer a resultas de la convocatoria electoral. A partir de este momento, el Gobierno solo hará gestión ordinaria. Por tanto, volvemos a la casilla de salida en lo que respecta a las reformas estructurales del sector, incluidas las leyes de eficiencia de la Justicia que se estaban tramitando en el Congreso.

Los profesionales que contribuimos diariamente al funcionamiento de este servicio hemos sido siempre conscientes de que la política tiene otras prioridades, pero la XV Legislatura de la democracia española debería ser la legislatura de la Justicia, pues la actual situación es absolutamente inaceptable.

De poco han servido las constantes reclamaciones de todos los colectivos profesionales involucrados en la prestación de la Justicia, de nada los esfuerzos por hacer ver que un mal servicio público en este terreno es un freno para el crecimiento económico. No hemos conseguido que cale entre los partidos políticos la idea de que de poco o nada sirve la aprobación de nuevos derechos si a la hora de invocarlos ante los tribunales nuestras demandas se pierden en la eternidad de sus plazos.

Con unas enormes dosis de paciencia, los profesionales hemos soportado ese abandono esforzándonos en alcanzar acuerdos para evitar que un importante número de litigios terminasen saturando unos juzgados infradotados. Con un no menor esfuerzo de comprensión, millones de ciudadanos han aguardado interminables plazos esperando un turno que en no pocas ocasiones se ha vuelto a aplazar unos meses más por cuestiones meramente formales o por insuficiencia de recursos.

Pero no hemos estado de brazos cruzados. Quienes representamos a la abogacía y a la procura llevamos décadas desgañitándonos para que quienes ostentan los cargos de representación aceptasen un firme compromiso para transformar la Justicia en un verdadero servicio público del siglo XXI. Los últimos de esos llamamientos se formalizaron el pasado 4 de mayo durante la celebración del XIII Congreso Nacional de la Abogacía Española, así como el 15 de septiembre de 2022 en las XII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno de la procura en Huesca. En ellos se volvió a reclamar un pacto de Estado que comprometa a todos los partidos y a todos los colectivos profesionales en transformar la Justicia para convertirla en el servicio que los españoles se merecen. Tristemente, lo que hemos obtenido la mayoría de las veces es el retorno de nuestro eco, mientras que en contadas ocasiones las distintas administraciones han respondido con apaños provisionales.

Así, con más voluntad que medios, con más esfuerzo que resultados, entre todos hemos ido haciendo un sistema de Justicia que a todas luces resultaba insatisfactorio pero que al menos ofrecía respuestas y plazos si no razonables, al menos previsibles.

Todo ello hasta que la concatenación de los sucesos ya descritos ha terminado por conducir la Justicia española a la UCI. Cada ciudadano que en estas semanas se asoma a un juzgado con su futuro pendiente de un expediente judicial ha tenido que escuchar cómo su vida entraba en una suerte de agujero negro en el que resulta imposible prever ni el plazo de resolución ni el resultado.

La consecución de acuerdos económicos con los diferentes colectivos de funcionarios, los ya alcanzados y los que esperemos que más pronto que tarde se alcanzarán, no son en sí mismo una solución a nada. Nuestro sistema de justicia necesita una reforma en profundidad, tanto de su organización como en su dotación y funcionamiento.

La XV Legislatura debería resolver definitivamente esta grave situación, proveyendo a la ciudadanía de un servicio público de justicia efectivo y de calidad. Esto solo será posible si la Justicia tiene la centralidad que requiere en los programas de los partidos políticos.

Para ello es fundamental avanzar en la cultura del acuerdo, alcanzando un pacto de Estado para el futuro del servicio público de justicia tras el 23 de julio. Del mismo modo que hace falta de forma inminente, y de una vez por todas, una solución a la grave situación de parálisis que afecta actualmente a este servicio público. En definitiva, hace falta responsabilidad y altura de miras, en interés de la ciudadanía.