Hoy se vota

Doce comunidades autónomas acuden hoy a las urnas junto a 8.087 municipios repartidos por toda España. En estas votaciones se decide una parte crucial de los empeños más importantes que la sociedad española tiene por delante. La última vez que los españoles elegimos alcaldes y 12 presidentes de comunidad fue en 2019, cuando el coronavirus no estaba en el horizonte ni en nuestro vocabulario. Han pasado cuatro años que parecen muchos más ante los extraordinarios cambios que la pandemia introdujo en nuestras vidas y en la percepción que tenemos de nuestra realidad, nuestras necesidades y prioridades. La sanidad multiplicó en aquellos meses la relevancia que siempre ha tenido y la calidad del servicio se hizo, de un día para otro, cuestión de vida o muerte. A la vez, fuimos conscientes de que las paredes que contienen nuestras vidas deben ser casas accesibles y dignas para vivir, y no espacios para el tránsito entre jornada y jornada de trabajo. En estos cuatro años los efectos del cambio climático se han hecho mucho más perceptibles para todos los ciudadanos: ya nadie puede llamarse a engaño sobre la necesidad imperiosa de adaptar el territorio y también las ciudades, su economía y el mundo laboral a sus efectos más perniciosos, a la vez que deben contribuir a frenar el deterioro ambiental. La irrupción de la inteligencia artificial se suma a los grandes retos que tiene ya la educación pública.

Muchas de las respuestas a las nuevas prioridades de un mundo cambiante se deciden en las urnas que hoy esperan a los ciudadanos. Ayuntamientos y comunidades autónomas son los niveles de la Administración más cercanos a la ciudadanía y con competencias directas para atajar los grandes desafíos que en cada uno de esos ámbitos demanda una sociedad democráticamente educada. Pasados el ruido y la furia de la campaña —y los debates espurios que distorsionan el sentido real del voto de este 28 de mayo—, los problemas de las ciudades y pueblos siguen estando ahí, y eso es exactamente lo que se decide hoy: qué tipo de respuestas dan los responsables públicos a los nuevos problemas del tiempo presente, sin que la velocidad de los cambios deje a grandes segmentos de población en la cuneta.

Entre lo peor que ha vivido la campaña ha estado el contagio de innobles prácticas trumpistas. Fomentar frívola e irresponsablemente el bulo que cuestiona la seguridad del sistema electoral español con alusiones a inexistentes pucherazos degrada a quien lo propala. Aprovechar los casos episódicos y recurrentes de intento de fraude en el voto por correo para iniciar la peligrosa ruta de cuestionar sin fundamento la base del mismo sistema democrático nos remite a comportamientos tan graves como el que encarnaron las huestes de Trump y Bolsonaro ante sus respectivas derrotas electorales. No es cierto ese infundio, y los instigadores lo saben: el sistema electoral español figura en los índices internacionales y académicos de calidad democrática como uno de los más seguros y fiables del mundo.

Las encuestas dibujan un escenario muy reñido. Muchos de los gobiernos autonómicos o municipales se van a decidir por una cantidad exigua de votos y una compleja mecánica negociadora posterior. La dimensión nacional que ha adquirido esta campaña era seguramente inevitable por la tentación de leer sus resultados como proyección anticipada de las generales de diciembre.

Pero olvidar que los votantes escuchan, atienden y discuten con los líderes políticos en sus respectivos municipios y comunidades haría confundir la función de una convocatoria en la que prevalece el balance de la gestión, los logros obtenidos, los incumplimientos ante hechos de perímetro delimitado y la forma de estar en política de los candidatos a alcaldes y presidentes autonómicos. El acceso a la vivienda, el funcionamiento de los centros de salud, la riqueza de la oferta cultural o el alcance del parque de guarderías públicas son algunos de los capítulos que hoy vota la ciudadanía para hacer un poco mejores sus condiciones de vida.