Universidad, al margen de la ley

En septiembre del pasado año la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la bien conocida CRUE, organizó en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander un curso con un título muy expresivo de lo que debería ser la universidad: Excelencia con alma. Lo dirigían en esta ocasión María Antonia Peña, miembro del comité permanente de la CRUE, y Juan Juliá, vicepresidente del mismo. El rótulo del curso se inspiraba en un texto publicado en 2006 por el profesor Harry R. Lewis, que había sido decano de Harvard College: Excelencia sin alma. Cómo una gran universidad olvidó la educación. Lewis criticaba a su propia universidad, tan célebre por su excelencia académica porque figura en todas las clasificaciones universitarias, pero que —a su juicio— carecía de alma, porque no formaba a sus alumnos en los valores universitarios, que son el motor que capacita para transformar la sociedad. Justamente lo que sugería el curso era impulsar una universidad capaz de preparar a los alumnos para una visión más amplia de su misión, incluyendo el proyecto de perseguir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Y, ciertamente, una universidad sin alma, sin un compromiso transformador de la sociedad, no puede ser excelente por muchos artículos que sus miembros consigan publicar en los primeros cuartiles de las revistas de impacto. Eso es estrategia burocrática, no excelencia; es medir la calidad por una cantidad muy discutible. Cuando lo cierto es que educar en la excelencia, que se consigue compitiendo consigo mismo en cooperación con otros, es lo que constituye la misión de la universidad. El alma de cualquier actividad es el motor por el que se pone en marcha y el motor de la universidad es formar personas excelentes. No se construye una sociedad democrática con mediocres, menos aún con negligentes o indiferentes. No dejar a nadie atrás —como se sugiere desde los ODS y desde la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)— no significa crear una inmensa guardería, para que nadie se pierda por las calles ni aumente el número de los parados, sino universalizar la excelencia, ayudar a cada uno a empoderarse al máximo, no transigir con la mediocridad. Esa es la tarea fundamental que se ha venido asignando a la institución universitaria desde que nació en Europa —en Bolonia, París, Oxford, Salamanca—, se extendió por Iberoamérica y solo más tarde por Estados Unidos y por el resto del mundo. Es ya una institución esencial de las sociedades modernas, un “invento” del que europeos e iberoamericanos podemos estar orgullosos. Y justamente cuando algo es motivo de orgullo es un deber potenciarlo.

Naturalmente, a lo largo de su historia y en los distintos países se ha dotado a las universidades de diversas leyes, ahora en España la LOSU, una más desde el inicio de la Transición, y también se han adoptado distintas estructuras institucionales. Pero creo que lleva razón Alasdair MacIntyre cuando, siguiendo a Aristóteles, recuerda que en la vida social lo crucial son las actividades y las metas que dan sentido y legitimidad social a las actividades. Las leyes y las instituciones deben estar al servicio de las actividades, respaldándolas, facilitando alcanzarlas, y no es de recibo instrumentalizarlas con otros fines. Por eso importa preguntar: universidades, ¿para qué? ¿Cuál es el bien que ofrecen, sin el que perderíamos en humanidad? ¿Cuál es —por decirlo con Ortega— la misión de la universidad?

Volviendo la vista atrás, podríamos recordar cómo la universidad medieval se esforzó por formar a aquellos profesionales, entonces filósofos, teólogos, juristas, médicos, sin los que una sociedad no puede funcionar adecuadamente. Y hoy sigue siendo indispensable formar profesionales, con nuevos y diversos perfiles, que no sean solo técnicos, sino que pongan los extraordinarios progresos tecnocientíficos al servicio de la profesión, es decir, de las personas y de la naturaleza vulnerable.

Por su parte, la universidad liberal, fundada por Alexander von Humboldt, se proponía suscitar la pasión por descubrir la verdad a través de la investigación y por transmitir ese empeño a las generaciones más jóvenes, una meta irrenunciable, más aún en tiempos de presunta posverdad, cuando se hace cada vez más patente la afirmación de Tocqueville “los hombres temen más al aislamiento que al error”, que es el germen de la espiral del silencio. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se haya degradado el afán de verdad frente a la moral del establo, que permite disfrutar del calor del rebaño? ¿Cómo es posible que sea en campus universitarios, originariamente, los estadounidenses, pero después muchos otros, donde ha nacido la inquisición de la corrección política y la cultura de la cancelación, que cortan la libre expresión y suponen un retroceso rotundo en el proceso de ilustración?

Las comunidades universitarias existen para hacer posible la deliberación y el diálogo serenos entre sus miembros sobre los más diversos temas. No caben exclusiones de ningún tipo. Precisamente porque, por fortuna, una de las notas de la comunidad académica en una sociedad democrática, que ha costado mucho conquistar, es el pluralismo político y ético, propio de sociedades liberales, empeñadas en anular los totalitarismos. Como bien dice John Rawls, el pluralismo es un hecho, pero sobre todo es un bien que cuando se alcanza es preciso cuidar y potenciar. Es uno de los bienes que forman parte de lo que es justo. Por eso, como han denunciado distintas voces, como la de Universitaris per la Convivència, a cuyo manifiesto se sumaron más de mil profesores universitarios, el claustro universitario no puede tener como una de sus funciones “analizar y debatir temáticas de especial trascendencia”. Y no solo por la neutralidad ideológica que se exige a todas las administraciones públicas, que por supuesto, sino sobre todo por una razón ético-política de fondo: “La universidad de una sociedad pluralista es y debe ser radicalmente pluralista, y además contagiar ese sereno pluralismo a la sociedad.” Es la comunidad universitaria en su conjunto, no el claustro, la que analiza y debate temáticas desde la libertad de expresión y la libertad de cátedra, contando además con aquellas personas que juzgue oportuno invitar.

Hablaba Ortega hace ya un siglo del “politicismo” como un mal, de esa absorción que la política hace de la vida toda, pero tal vez sería más acertado hablar de “partidicismo”, de ese afán de partidizar el conjunto de la vida humana, de forma que no quede un resquicio fuera del establo.

Hasta el momento no han sido acogidas en el texto de la LOSU las exigencias, bien fundadas y argumentadas, de colectivos universitarios, plurales en sus convicciones y adscripciones, que solo pretenden evitar que se otorgue al claustro una función que no le corresponde en modo alguno.

Pero, por fortuna, ningún texto es intocable, menos todavía si en este punto es tan contrario a la misión de la universidad. Las leyes y las instituciones han de estar al servicio de las metas de la actividad, la universitaria en este caso. Instrumentalizarlas para alcanzar otros objetivos implica corromper la vida, matarla por ley.