Temor a la austeridad

Las guías básicas para reformar el pacto de estabilidad que han elaborado los secretarios de Estado de Economía y que se tratarán en el próximo Ecofin (el consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE), reveladas en exclusiva por EL PAÍS, contienen propuestas que mejoran su actual formato. No era difícil: durante la crisis del euro un empacho de ideología derivó en una pésima aplicación de esas reglas que acabó en una doble recesión autoinfligida y en serios riesgos de implosión de la moneda única. Bruselas aprendió de aquellos errores, y la comunicación publicada ayer por la Comisión Europea parece indicar que estamos en un capítulo completamente distinto: el pacto de estabilidad no volverá a aplicarse como se hizo hasta 2020. El espíritu en Bruselas es ya muy diferente del que patrocinaban Alemania y sus satélites hasta hace solo unos meses. No obstante, quedan aún abiertas incógnitas para una batalla que se adivina complicada entre los presuntos frugales del norte y los presuntos abanderados del gasto del sur en el trámite legislativo. Y se mantienen ciertas rigideces por las que puede volver a colarse la austeridad fiscal en estos tiempos de política monetaria restrictiva.

La principal medida de la propuesta de reforma es la idea de que en vez de imponer un rígido corsé desde Bruselas, con objetivos iguales para todos los países independientemente de su situación de partida, el foco se centre en la elaboración por cada Gobierno de su propia “senda” de consolidación fiscal. Así, se pasaría del dictado de imperativos inmediatos desde Bruselas a programas plurianuales de ajuste más consensuados en los que, a partir del análisis de sostenibilidad de la deuda, los Estados presentarían su proyecto para pactarse después con la Comisión. El ajuste podría incorporar no solo reducciones de gasto público, sino también aumentos de ingresos, o una mezcla de ambos. Las sanciones serían más suaves pero también más frecuentes. Y los programas nacionales podrían ser revisados tras cada ciclo electoral, por respeto democrático y sin atar las manos de los nuevos gobiernos a decisiones que no son suyas.

Esa estrategia parte así de un nuevo y relevante presupuesto: la necesidad de que los Estados miembros aumenten su implicación al ser ellos copartícipes de un proceso que no llega impuesto por la (real o imaginaria) “burocracia de Bruselas” y aumentar así su legitimidad democrática. Otro avance es la atención especial a las “prioridades estratégicas” de la inversión europea hacia las “transiciones verde y digital” y para establecer “capacidades de Defensa” comunes. En este punto esencial, la referencia es demasiado abstracta y a gran distancia del necesario reconocimiento de la “regla de oro” presupuestaria, según la cual las inversiones públicas productivas deben quedar excluidas de la contabilidad del déficit y la deuda: es un mecanismo práctico para impulsar el crecimiento y evitar la dramática deriva recesiva y la desestabilizadora desigualdad social que provocaron los ajustes fiscales en el pasado.

Todos estos avances encomiables se ven en parte oscurecidos por el ordoliberalismo alemán y, sobre todo, por el intento de erosionar el papel de la Comisión, al fin y al cabo una institución democrática aunque de segundo grado, y su relevante papel en el control de las finanzas públicas de los 27. Varias de las alusiones a la “transparencia” del documento propuesto responden a la desconfianza de algunas capitales sobre el Ejecutivo europeo, así como las referencias al papel del Consejo de la UE, es decir, los Estados. No deja de ser un planteamiento muy poco consecuente por parte de quienes, como hizo Alemania, consiguieron imponer a principios de siglo la revisión de las reglas fiscales para evitar las sanciones por sus entonces déficits desbordados.