Condena a Cristina Kirchner

Argentina ha entrado en una etapa inédita de su historia reciente. La justicia federal argentina condenó este martes a seis años de prisión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción y la inhabilitó a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Los jueces han dado por probada la existencia de “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la Administración pública nacional” y que consistió en la asignación de contratos de obra pública a cambio de sobornos. Según la Fiscalía, el total defraudado a las arcas estatales ascendió a 1.000 millones de dólares (953 millones de euros) durante los dos mandatos de Kirchner como presidenta, entre 2007 y 2015. La sentencia considera a Fernández de Kirchner culpable de defraudación al Estado, pero la absuelve del delito de asociación ilícita: es la primera vez que es condenado un miembro en funciones de la más alta esfera del Ejecutivo. El fallo fue recibido con entusiasmo por la oposición al peronismo gobernante, que, enarbolando la lucha contra la corrupción, salió en tromba contra las dos veces presidenta. Para el Gobierno, sin embargo, se ha condenado “a una persona inocente” en un “simulacro de juicio”, como dijo el presidente, Alberto Fernández. Kirchner, cuyo actual aforamiento la protege de la cárcel, habló de “mafia judicial” y “pelotón de fusilamiento”.

Entre esos dos extremos, hay una sociedad que observa estupefacta el choque frontal entre los poderes ejecutivo y judicial. La sentencia contra Fernández de Kirchner, fruto de una investigación de tres años y que puede ser recurrida, ha puesto al descubierto el alarmante deterioro de las instituciones de la democracia argentina, que el año próximo cumplirá 40 años. Se han perdido las formas y ambos bandos se consideran enemigos irreconciliables, cuando su función debería ser la de buscar espacios comunes para salir de la grave crisis económica que golpea a Argentina.

Tras conocer su condena, la vicepresidenta anticipó el martes que no será candidata a cargo alguno en las elecciones de octubre de 2023. Fue su respuesta a lo que consideró un intento de proscripción judicial. Pero antes criticó un hecho que, de comprobarse, empaña el proceso en su contra. Una serie de chats obtenidos mediante espionaje ilegal reveló las conversaciones privadas de jueces, políticos opositores y empresarios de medios sobre la mejor estrategia para ocultar a la prensa un viaje pagado a la finca de un multimillonario en la Patagonia. En el grupo figura el magistrado que inició la instrucción contra Kirchner, además de un ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El intercambio dio pólvora a la vicepresidenta para poner en duda la honorabilidad de los jueces que acababan de condenarla.

Dada la trascendencia del fallo contra Kirchner, a menos de un año de las elecciones presidenciales, no puede haber resquicios o dudas sobre su solvencia. El poder judicial debe ser independiente, como en toda democracia, pero también transparente y libre de escándalos que cuestionen sus decisiones. Si hay sospechas, deben ser investigadas sin dilación y hasta el final; esa es la mejor forma de neutralizar las críticas. Y el poder ejecutivo, entre tanto, debe abstenerse de cargar su artillería política contra las decisiones de los jueces, un eslabón fundamental del Estado de derecho. Si la vicepresidenta, que es parte privilegiada del Estado y goza de fuero, considera que se trata de una sentencia injusta tiene todo el derecho a luchar para defender su inocencia, pero el mejor lugar para hacerlo es ante los tribunales y por los cauces de la apelación. Azuzar la hoguera en una sociedad ya extremadamente crispada solo sirve para ahondar el desprestigio de unas instituciones básicas para el juego democrático.