Becas comedor

En un contexto de crisis social y subida brusca de la inflación, en que muchas familias han de elegir entre comer o calentarse, sorprende que solo uno de cada diez escolares tenga acceso a una beca comedor. En concreto, se trata del 11,2% de los niños y niñas de educación obligatoria, cuando el porcentaje de niños que viven en situación de pobreza alcanza el 27,4%, según Save the Children. Eso indica que el programa de becas comedor, gestionado de forma centralizada por autonomías y ayuntamientos y casi siempre por vía telemática, no está actuando en la medida en que debiera como amortiguador de la desigualdad. Lo más grave es que este recurso vital para muchos niños ni siquiera llega a todas las familias que más lo necesitan y que cumplen todos los requisitos de acceso.

El dato que ha encendido las alarmas lo ha proporcionado la ONG Educo a través de una encuesta a más de 2.000 hogares con niños que cursan educación primaria. Según este estudio, el 13,5% de las familias de renta baja con derecho a beneficiarse de una beca comedor no llega siquiera a pedirla porque no sabe cómo hacerlo o desconoce que existe. Que eso ocurra con una ayuda tan básica y que lleva tantos años implantada revela que la brecha cultural sigue siendo una barrera no solo para la igualdad de oportunidades sino incluso para poder acceder a los programas de ayuda social. Del 30,3% de las familias encuestadas que había solicitado una beca, solo la había obtenido el 54,8%. Y tres de cada cuatro de las solicitudes denegadas fue por superar el nivel máximo de renta exigido.

En la actual configuración de las becas, las rentas altas se benefician en mayor medida que las bajas. Entre las familias con más recursos, la mitad utilizan el comedor escolar, mientras en las de renta baja, el porcentaje cae hasta el 36%. Hay una franja de niños que comen en casa y sin beca porque no cumplen los requisitos de renta exigidos o no conocen que existe o no saben cómo tramitarla. Todo indica que los procedimientos de acceso a las ayudas y los baremos de exclusión por renta no se ajustan ya a la realidad social del país y deberían revisarse.