La gestión de las ayudas

Las buenas intenciones en política suelen ser estériles sin un plan de aplicación eficiente y seguro. Puede haber sucedido eso a la vista de los datos de ejecución del fondo de ayudas a la solvencia empresarial con motivo de la crisis de la covid. Se puso en marcha en marzo de 2021, pero debería servir hoy para llamar la atención sobre el diseño de nuestras políticas públicas y el farragoso sistema administrativo que se instauró en aquella ocasión. En comparación con otras ayudas (como la financiación de los ERTE o las garantías del ICO), su diseño ha resultado obstruccionistamente garantista y poco generoso, de manera que, del total asignado, solo el 74% de los fondos haya sido finalmente transferido a los beneficiarios. En consecuencia, las comunidades autónomas tendrán que devolver al Tesoro Público un total de 776 millones de euros de dinero recibido de la Administración central para conceder a las empresas. La cifra desaprovechada no es catastrófica, en efecto, pero exige una reflexión que impida repetir los mismos errores.

El ritmo de implementación de las ayudas debe ser revisado. El conjunto de vicisitudes para la puesta en marcha del instrumento, con varios retrasos en la concepción y planificación, hizo que llegara a las empresas en la primavera de 2021. Para entonces, la gran mayoría de las que lo podrían necesitar ya habían rebasado la crisis económica de 2020, y aquellas que no lo habían hecho estaban en una situación financiera que no permitía superar los requisitos de concesión. Para muchas empresas que empezaban a dejar atrás el bache, la ayuda directa llegaba con meses de retraso y había perdido gran parte de su atractivo. Por el contrario, las ayudas directas establecidas en países de nuestro entorno, como el propio mecanismo de los ERTE, comenzaron a funcionar en plena ola pandémica, asegurando un mayor efecto sobre el tejido productivo.

En segundo lugar, y quizá más determinante, las ayudas implicaban un régimen de concesión bajo la ley de subvenciones. Es un procedimiento tedioso que implicaba justificar con facturas el detalle de los gastos financiados por las ayudas porque algunos de los costes empresariales estaban excluidos de la financiación. La Administración se encontró sin recursos técnicos para desplegar rápidamente el instrumento y las empresas encontraron notables trabas burocráticas para la solicitud y justificación. Un esquema indemnizatorio directo hubiera sido más adecuado para unas ayudas que demasiadas veces llegaron tarde, con pocos recursos si los comparamos con los destinados por nuestros vecinos europeos, y con gran complejidad administrativa.

La capacidad de reacción del Gobierno en marzo de 2020 evitó que la pandemia supusiera un desastre social y de empleo, pero esa agilidad y audacia en el estímulo no se intensificó lo suficiente durante el tiempo en el que, con la persistencia de la pandemia, las pequeñas y medianas empresas comenzaron a resentirse en sus balances. Que España sea hoy el único país de la Unión Europea que no ha recuperado su nivel económico prepandemia es resultado de muchos factores, pero la timidez presupuestaria y el garantismo burocrático excesivo mostrado en la recuperación son, sin duda, parte de una causa múltiple. En política económica la secuencia temporal de las medidas es esencial, y si se llega poco, tarde y mal, el resultado no puede considerarse plenamente satisfactorio. Al menos, en este caso, no lo ha sido.