La búsqueda de justicia en Venezuela

Cuando el jugador de baloncesto y estudiante universitario venezolano de 20 años Juan Pablo Pernalete salió de su casa para unirse a una marcha el 26 de abril de 2017, sus padres José Pernalete y Elvira Llovera nunca pensaron que sería el último día que hablarían con su hijo. Pocas horas después, murió cuando un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana le disparó una bomba lacrimógena directamente al pecho. Cuando nosotros nos reunimos con los Pernalete el mes pasado en Caracas, se les llenaron los ojos de lágrimas cuando describieron a su hijo como alguien brillante y lleno de bondad, como un amante de los animales.

Juan Pablo fue uno de los miles de jóvenes que llenaron las calles después de que el Gobierno venezolano despojara a la Asamblea Nacional, elegida democráticamente, de sus poderes legislativos, sumiendo al país aún más en el autoritarismo. Al menos otras 123 personas murieron en el marco de los disturbios y la represión durante las manifestaciones de ese año.

En los cinco años transcurridos desde entonces, la familia Pernalete se ha enfrentado a innumerables obstáculos en su búsqueda de justicia. El Gobierno venezolano llevó a cabo una campaña de desprestigio contra Juan Pablo y todos los jóvenes que murieron en la ola de protestas de 2017, tachándolos de criminales y a sus familias de oportunistas. Altos funcionarios de Nicolás Maduro fabricaron narrativas alternativas sobre la muerte de Juan Pablo, afirmando que había sido asesinado por hombres encapuchados con una pistola de perno cautivo.

Los autores de este y otros crímenes ocurridos en el contexto de la represión y la violencia de los últimos años han gozado de una impunidad generalizada dentro de Venezuela. Esto incluye las sistemáticas ejecuciones extrajudiciales de jóvenes, en su mayoría pobres, cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad en barrios pobres, operaciones que equivalen a la criminalización de la pobreza. Miles de personas han sido asesinadas en los últimos años por las fuerzas de seguridad en operaciones que carecen de toda supervisión y rendición de cuentas, dejando a las familias sin acceso a la reparación.

Los llamamientos a la justicia en todos estos casos se han hecho más fuertes en la comunidad internacional desde 2019. Ese año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés), un grupo de tres personas que ha llevado a cabo la investigación y documentación de la realidad de los derechos humanos en el país. Para los Pernalete—junto con otras innumerables familias y víctimas venezolanas—la FFM ha servido como una forma de mostrar al mundo la verdad sobre sus casos.

Los expertos han seguido adelante a pesar de que el gobierno venezolano les ha negado hasta ahora la entrada al país. El FFM ha llevado a cabo una investigación pionera, entrevistando a testigos, recopilando pruebas primarias y hablando con miembros actuales y antiguos de las fuerzas de seguridad, así como con otros actores venezolanos con conocimiento de primera mano de los crímenes.

Lo que los expertos encontraron fue espantoso. En su primer informe de 2020, las FFM concluyeron que hay motivos para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, como “asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos de carácter similar”. Estos crímenes generalizados y sistemáticos se llevaron a cabo en apoyo de dos políticas estatales: una de represión selectiva de los opositores percibidos, y otra para eliminar a personas percibidas como criminales mediante ejecuciones extrajudiciales.

La Misión también descubrió que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y que los funcionarios probablemente conocían estos crímenes—y no tomaron ninguna medida para evitarlos—en cada nivel de la cadena de mando, desde los miembros de base de las fuerzas de seguridad e inteligencia hasta los niveles más altos del gobierno.

En un segundo informe hecho público en 2021, el FFM documentó cómo el poder judicial venezolano ha sido cooptado por el poder ejecutivo, y cómo esto ha creado un entorno en el que los fiscales, los jueces y la policía son cómplices de la persecución y la represión generalizada. El informe documenta cómo el sistema judicial en Venezuela ha encubierto rutinariamente las detenciones ilegales y otras desviaciones del debido proceso, y ha hecho la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos.

Estos informes han proporcionado un importante registro para las víctimas, y pueden eventualmente contribuir directamente a la búsqueda de justicia en sus casos. En noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación formal sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por funcionarios del gobierno y personas progubernamentales, como encarcelamientos arbitrarios, violencia sexual, tortura y persecución por motivos políticos. Se trata de un anuncio histórico, que convierte a Venezuela en el primer país de América que se enfrenta a una investigación formal de la CPI. Pero será un proceso largo y lento. El FFM, mientras tanto, sigue reuniendo pruebas que contribuyen a la investigación de la CPI, y haciendo públicas sus conclusiones con la esperanza de desincentivar nuevos crímenes.

Este trabajo de la FFM es vital, pero su mandato está en peligro. En su sesión, que está en curso ahora mismo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se enfrentará a una votación sobre si renovar el mandato de la Misión o dejarlo expirar. En los últimos meses, el gobierno de Maduro ha intentado mostrar avances en ciertos casos para argumentar contra la necesidad tanto del FFM como de la investigación de la CPI, pero en realidad son avances limitados e insuficientes. En el caso Pernalete, por ejemplo, los fiscales señalaron inicialmente a 13 miembros de la Guardia Nacional como responsables en 2021, pero solo presentaron cargos formales de homicidio involuntario contra dos de ellos, sin incluir, según los abogados de los Pernalete, al funcionario que probablemente apretó el gatillo. El gobierno de Maduro parece apostar por que la comunidad internacional pierda interés en casos como este y, en general, preste menos atención a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Mientras tanto, los defensores de los derechos humanos en el país señalan regularmente al FFM, junto con la investigación de la CPI, como esencial para evitar una represión y persecución aún más profundas. Por esta razón, es esencial que se renueve el mandato del FFM, y que Estados Unidos y otros miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU garanticen que los expertos puedan continuar con su vital trabajo.

En los últimos meses, Estados Unidos y otros actores internacionales han centrado sus esfuerzos en avanzar en las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición política en Venezuela con la esperanza de restablecer la democracia en el país. Estos esfuerzos son importantes, y deben continuar con miras a incorporar la justicia. Sin justicia para los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad documentados por la Misión de Investigación, no puede haber una solución significativa a la crisis de Venezuela.

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