editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

IVA: una bajada controvertida

Con la reducción del impuesto al gas hasta el 5%, el Gobierno completa el paquete de medidas contra el alza de la energía

Una persona enciende el fuego de una cocina de gas.
Una persona enciende el fuego de una cocina de gas.getty

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de proceder a la bajada del impuesto sobre el valor añadido para el gas, que pasa del 21% al 5%, supone una nueva vuelta de tuerca en la política económica diseñada para mitigar los efectos de la inflación y la escalada de precios de los productos energéticos. El Gobierno completa de esta manera un paquete de medidas que afecta a las tres principales fuentes de energía al alcance de los hogares: la bonificación de combustibles, el tope del gas en el mercado eléctrico y ahora la bajada de los impuestos indirectos sobre el gas.

La propuesta es parecida a la que anunció Olaf Scholz para Alemania hace un par de semanas, y está en sintonía también con las propuestas del Partido Popular, aunque tiene algunas aristas que deben ser cuidadosamente examinadas. Es cierto que el crecimiento de los precios del gas está castigando a los hogares y que, con vistas al otoño e invierno, la bajada en el impuesto puede suponer un ligero alivio para las familias, donde la única alternativa al consumo es bajar el termostato. De todo el paquete de medidas preparadas son las bonificaciones y bajadas de impuestos las que más pueden gustar a las familias de la llamada clase media, pues mejoran su renta disponible y mitigan parcialmente los efectos de la escalada de precios.

Sin embargo, la decisión tiene también sus contraindicaciones. La medida puede tener un efecto contraproducente, ya que incentiva a la vez el consumo de gas, precisamente en el momento en el que toda la Unión Europea está programando el ahorro energético con vistas al invierno y al probable corte de suministro desde Rusia (aunque los precios son tan elevados que lo que dice el manual, que una bajada de impuestos elevará el consumo, puede quedar en entredicho esta vez). A largo plazo, su mantenimiento puede desincentivar las inversiones de los hogares en eficiencia energética, frenando de esta manera el cumplimiento de los objetivos climáticos. En términos fiscales, la medida tiene también un coste que recae sobre unas cuentas públicas que siguen manteniendo un alto déficit y una elevada deuda. La medida podría tener un carácter regresivo al afectar por igual a los hogares más pudientes y a los más vulnerables. Y, por último, va en dirección contraria a la tendencia a la fiscalidad verde que propugna Bruselas y a la que se alistó, al menos en teoría, el Gobierno de Sánchez.

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En política económica a veces se trata de elegir entre dos males, y en este caso el Gobierno ha primado una política que puede entenderse en el contexto de emergencia en el que nos encontramos, pero con posibles efectos negativos en el medio y largo plazo. Su diseño, por tanto, debe ser cauto, sobre todo en lo relativo a su marco temporal, que debería circunscribirse exclusivamente a la excepcionalidad de la situación actual. Existían alternativas, como utilizar el mayor IVA recaudado este año para fortalecer los programas de bonificación energética para hogares vulnerables, o para subvencionar los costes de renovación de calderas y equipos de calefacción por otros más eficientes y limpios. Pero estas alternativas requieren de un tiempo de ejecución del que, como viene siendo habitual durante este año, no se dispone. Lo ideal hubiera sido tener una visión planificada de los diferentes escenarios en los que nos podemos encontrar para diseñar medidas más eficaces, más sostenibles en el tiempo y, también, más justas. Frente a la rebaja generalizada de impuestos que pide el PP, Sánchez ha aplicado algunas subidas y ha creado dos nuevos impuestos (sobre la banca y las eléctricas), pero tras haber descartado la rebaja del IVA, hace solo unas semanas, vuelven las bajadas de impuestos. Deberían ser necesariamente selectivas y temporales, porque la situación fiscal de España no da para mucho más.

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