Política de eslogan y fogonazo

“España suma, la corrupción resta”. Así respondía Albert Rivera a la propuesta de Pablo Casado en septiembre de 2019 de que el PP, Ciudadanos y Vox presentasen una candidatura común en la repetición de elecciones que se avecinaba. Pasaba por alto el pequeño detalle de haber concurrido ya con una fórmula similar en Navarra, y el no menor de haber entregado en bloque a los populares un ramillete de comunidades y alcaldías. Un ejemplo de muchos del uso y abuso de la política de eslogan y fogonazo a la que los naranjas cogieron querencia. Soniquete musical, chascarrillo ocurrente y exiguo contenido repetido hasta la saciedad por el mayor número posible de caras reconocibles de la formación.

La fórmula mágica de la frase comercial no fue exclusiva de Ciudadanos, sino un tic de la llamada nueva política, creyente reverencial del impacto comunicativo. Inolvidable aquel “chicle de MacGyver” que la primera plana de Podemos dedicó con insistencia a Albert Rivera porque servía para arreglar todo en el régimen del 78. O “la hipoteca naranja” que implicaba para el PSOE pactar con Ciudadanos.

Esta retahíla de frases de catálogo me venía a la mente esta semana al escuchar a diversos dirigentes populares denominar “decreto de la improvisación energética” al plan del Gobierno para cumplir con el ahorro de un 7% de energía comprometido con la UE. La frase resulta más desalentadora en labios de Miguel Tellado, mano derecha de Núñez Feijóo y representante como él de ese PP en teoría moderado y resolutivo que ha recuperado el mando popular. Si en los nuevos partidos la política de la frase impactante se hace cansina y poco creíble, en los partidos de largo recorrido suena a pose de cartón piedra. ¿Cómo casa la política del fogonazo con aquel Feijóo que se postuló como el hombre que venía a hacer política de gestión y no a regalar frases de Twitter?

En la última semana hemos asistido a un debate surrealista sobre la inconstitucionalidad de marcar horarios a la iluminación de escaparates. Un ataque a la libertad, dicen, aunque la actividad comercial está regulada por leyes y ordenanzas de todo tipo. Se dedican grandes aspavientos al tope de 27 grados de temperatura mínima en estos establecimientos, cuando desde 2009 el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios lo marca en 26. O se acusa al Gobierno de imponer por aplicar medidas en el ejercicio de sus competencias ejecutivas. Si algo no se le puede echar en cara a este Ejecutivo es que no haya ejercido como tal. Un vistazo al BOE muestra una actividad legislativa frenética muy centrada en lo material.

Frente a la labor del Gobierno, en una democracia parlamentaria, la oposición tiene una misión fundamental: controlar la acción gubernamental y plantear una alternativa. Esto es lo que se esperaba del PP de Feijóo y no acaba de arrancar. El control se diluye entre descalificaciones y frases comerciales. Resulta muy difícil encontrar una propuesta concreta más allá de la petición continua de una bajada de impuestos imprecisa planteada como receta universal. Queda lejos el plan de medidas urgentes y extraordinarias en defensa de las familias y la economía de España de sus primeros compases. Esa debería ser la apuesta. La de una oposición constructiva que se erija como alternativa y abandone el gusto por el derribo sin calcular el coste.