El desafío de las armas en EE UU

En solo unas horas EE UU ha vivido una muestra de la extrema complicación legislativa y judicial que supone controlar mínimamente el acceso a las armas en ese país. Por un lado, el Senado aprobaba una histórica ley que pretende dificultar, aunque sea de forma muy básica, su adquisición; por otro, el Tribunal Supremo daba luz verde a llevar armas de fuego en público en el Estado de Nueva York, al estimar que la actual legislación viola la Segunda Enmienda de la Constitución. Horas más tarde, el Congreso ratificaba el texto del Senado.

En medio de una oleada de matanzas indiscriminadas, que el presidente Joe Biden ha calificado de epidemia, la iniciativa de una veintena de senadores (demócratas y republicanos) se abría paso el jueves por la noche con una holgada mayoría en la Cámara alta (65 votos a favor frente a 33 en contra). Aunque el texto queda muy lejos de las aspiraciones de la Casa Blanca, refuerza la verificación de antecedentes cuando los compradores de armas sean menores de 21 años y exige un examen exhaustivo de los registros juveniles, incluidos los de salud mental, desde que el potencial comprador cumple 16 años. Es un compromiso de mínimos que no recoge la propuesta presidencial de prohibir la venta de rifles militares, limitar la venta de munición de gran calibre y elevar la edad mínima para adquirir un arma de 18 a 21 años. Pero incluso así es el mayor avance legislativo en 30 años. La Cámara de Representantes avaló el texto por 234 votos a favor y 193 en contra.

El escaso alivio para los estadounidenses ha durado poco porque en paralelo el Supremo daba un varapalo a una de las leyes locales más restrictivas del país sobre las armas. La ley del Estado de Nueva York exigía a quienes portaran un arma —portar, no mostrar— en la vía pública tener licencia y justificar la necesidad de llevarla encima. El mismo Supremo ultraconservador que acaba de derogar el aborto considera que esa cautela es inconstitucional. Se trata de la segunda resolución más importante del alto tribunal en este sentido desde 2008, cuando aseguró que tener armas en el domicilio para defensa propia está amparado por la Constitución.

La situación se resume en un paso adelante y dos atrás. La sentencia del Supremo supone un mazazo para el control de la violencia, es una victoria clara para los poderosos lobbies armamentísticos y puede tener el efecto pernicioso de hacer partidaria de poseer armas a una notable parte de la población con miedo a quedar indefensa ante una avalancha de ataques indiscriminados. Desgraciadamente, el debate sigue en pie hasta el próximo tiroteo.