Las urgencias de Johnson

La fragilidad política de Boris Johnson tiene efectos perturbadores en sus relaciones con la UE como vía de escape acelerado. Es posible incluso que la Unión Europea empiece a sospechar que el primer ministro británico utiliza el Brexit, y todos los compromisos internacionales que acarreó, cada vez que necesita evadirse de sus múltiples problemas domésticos. La decisión de iniciar los trámites de una ley que alterará sustancialmente, y de modo unilateral, una pieza tan delicada del acuerdo de retirada de la UE como fue el Protocolo de Irlanda del Norte es un desafío abierto a Bruselas.

El Gobierno británico tenía otras opciones para poner sobre la mesa los problemas que, según sostiene, ha ocasionado ese tratado en una región con equilibrios políticos tan delicados como es Irlanda del Norte. En primer lugar, podría haber abordado de buena fe las generosas propuestas presentadas por la otra parte para reducir las fricciones comerciales y burocráticas que ha supuesto retener ese territorio británico dentro del mercado interior. Londres lleva desde el pasado febrero sin reanudar las conversaciones, mientras preparaba su propia maniobra de respuesta en forma de una ley provocadora. En segundo lugar, existía una opción, por drástica que pudiera parecer, que permitía afrontar el problema sin desbordar el marco legal acordado por los dos socios. El Ejecutivo de Johnson podría haber invocado el artículo 16 del protocolo, que permite a cualquiera de las partes suspender provisionalmente aquellas cláusulas del acuerdo que provoquen “graves dificultades económicas, sociales o medioambientales que persistan en el tiempo”. De ese modo, al menos, el texto señala cuáles son las consecuencias de ese apartamiento, y las posibles vías de solución.

Johnson no ha querido utilizar ninguna de esas dos vías. Ha preferido impulsar en su propio Parlamento un texto legal que desguaza partes fundamentales del protocolo y exige a Bruselas un acto de fe, en vez de una garantía legal y firme de la verdadera voluntad de Londres de proteger el mercado comunitario frente a abusos o contrabandos. La verdadera razón que hay detrás de este desafío reside en que el primer ministro sigue necesitando del apoyo del poderoso grupo de euroescépticos del Partido Conservador. Desde el momento en que el Reino Unido firmó el Acuerdo de Retirada de la UE, y el texto que lo acompañaba y tenía la misma vigencia de tratado internacional, el Protocolo de Irlanda del Norte, los euroescépticos comenzaron a maniobrar para deshacerse de ese compromiso, que habían aceptado sin ganas a cambio de sacar adelante su anhelado Brexit. Nunca comulgaron con la idea de que la “integridad territorial” del Reino Unido se viera cuestionada por la inclusión de parte del país, Irlanda del Norte, en el ámbito normativo de Bruselas.

Johnson necesita contentar a un sector muy poderoso tanto en el partido como en el grupo parlamentario conservador si aspira a completar la legislatura. Y Bruselas está obligada a elevar su respuesta política y legal ante una maniobra que atenta contra las normas más elementales del derecho internacional. Los abogados del Gobierno británico han intentado justificar lo injustificable, apelando a una arcana “doctrina de la necesidad”, que permitiría a un Estado incumplir sus compromisos internacionales ante una presunta causa de fuerza mayor, que en este caso sería la inestabilidad política en Irlanda del Norte. Todo sugiere que la verdadera urgencia de Johnson consiste en seguir manteniéndose en Downing Street.