Las sentinas de la corrupción

La democracia española es hoy un poco más fuerte que ayer porque sabe más sobre sí misma, aunque a un precio altísimo. Pocas veces la sociedad tiene la posibilidad de acceder en crudo y sin filtros a la trastienda impúdica del poder cuando se siente amenazado y recurre a cualquier medio para protegerse. Los protagonistas de los audios de la corrupción que este periódico ha desvelado a lo largo de la semana tienen nombres y apellidos que ostentaron puestos de primer nivel, tanto en el PP como en el Gobierno de España con Mariano Rajoy al frente, y hoy sabemos también que los mancharon. Las consecuencias morales son devastadoras; las jurídicas corresponde a los jueces determinarlas si las hubiera.

Cuando era secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal acudió al comisario José Manuel Villarejo para impedir que Luis Bárcenas, ya extesorero del PP, difundiera información sobre los sobresueldos en negro y la caja b del partido. Los papeles de Bárcenas con las anotaciones de la contabilidad paralela (lo que llaman Villarejo y Cospedal “la libretita”) aparecieron en EL PAÍS el 31 de enero de 2013. La consecuencia inmediata consistió en armar un operativo que obstruyese la investigación judicial y a la vez “laminar” (es la expresión que usa Villarejo) al exgerente y extesorero del PP (en la cárcel desde 2018). Los audios lo revelan con crudeza. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, y en 2015 candidata a la alcaldía por el PP, Esperanza Aguirre, también acudió a Villarejo en septiembre de 2014 (junto a nada menos que el ex juez decano de Madrid José Luis González Armengol) para conseguir que se archivara la causa abierta contra ella por haber huido de la policía tras aparcar en un carril bus. Es ella misma quien identifica en otra grabación como “choricete” al ex vicepresidente de la Comunidad Alfredo Prada, en relación con la Ciudad de la Justicia, todavía no imputado por entonces (aunque lo estaría cinco años después). Esperanza Aguirre aduce hoy que buscaba congraciarse con Villarejo para que le hiciese el favor que le pedía. Cabe preguntarse también si el juez exdecano de Madrid utilizó a Villarejo en otros procedimientos y le pidió después que “olvidara la conversación”. También a este castizo Señor Lobo, el comisario Villarejo, acudió Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, para fabricar a instancias del ministro Jorge Fernández Díaz un informe contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el expresidente Jordi Pujol plagado de falsedades.

La sordidez del resumen es impactante: Esperanza Aguirre obtuvo el favor que le pidió a Villarejo (se archivó el caso), el comisario obtuvo información del chófer de Bárcenas, con dinero público y sin conocimiento del juez, para impedir que los informes policiales llegasen al juzgado, o que llegasen debidamente expurgados de nombres como el del presidente Rajoy, y, por fin, se publicaron en plenas elecciones catalanas de 2012 múltiples acusaciones contra los líderes en ruta hacia el independentismo que nunca se pudieron acreditar. No es exactamente una sorpresa tampoco que la investigación que el ministro Fernández Díaz encargó sobre los indicios de enriquecimiento ilícito de Villarejo, desvelados por este periódico en 2015, quedasen en nada: iba a ser solo un “paripé”, según Villarejo.

Los audios abocan al oyente al corazón de la impunidad política y documentan algunas de las sospechas que el juez ha tenido que descartar por falta de pruebas, en particular en el caso de Cospedal. El PSOE ha pedido ya a la Audiencia Nacional la reapertura de la instrucción contra Cospedal en el caso Kitchen, y Podemos anuncia lo mismo para esta próxima semana. En cualquier caso, y más allá de la dimensión jurídica, los audios dejan en una sonrojante desnudez las solemnes declaraciones públicas de inocencia, ignorancia y honorabilidad de muchos de los protagonistas: los planes que urden con el comisario acaban cumpliéndose. El repertorio de indicios delictivos es inagotable y encierra un obsceno manual del político corrupto.

El precio que el PP de Mariano Rajoy pagó por la corrupción se sustanció en 2018 en una moción de censura tras una sentencia judicial que hacía al partido “partícipe a título lucrativo” de la trama corrupta Gürtel. Hoy Feijóo abandera un nuevo PP y declara que no piensa dedicar ni un minuto al pasado (un pasado bien reciente porque la conversación entre Villarejo y Martínez es de 2016), pero el hedor que desprende el lenguaje de las grabaciones, el compadreo y la abierta vulneración del Estado de derecho nos asoma a las sentinas del poder y exige garantías explícitas de condena y el compromiso de que algo así no vuelva a repetirse. Feijóo debe y puede distanciarse de ese efecto devastador sobre la democracia. El nacionalpopulismo que le pisa los talones se nutre de uniformar a todos los políticos y meterlos en el mismo saco para barrerlos a todos (como explicó gráficamente Macarena Olona hace unos días en Andalucía).

Pero es verdad que las consideraciones moralizantes sobran; solo hay que asegurarse de que la desfachatez que revelan los audios tenga los efectos jurídicos que determinen los jueces en las causas abiertas y actúen a la vez como profilaxis preventiva ante la tentación de incurrir en conductas parecidas en una democracia. La banalización de estas informaciones por parte del PP es una pésima estrategia y una mala noticia. La cuestión no está en si el presidente Feijóo o su secretaria general, Cuca Gamarra, no los han escuchado como han declarado. El hecho es que existen y su mera existencia exige de la actual dirección del PP una condena categórica de la manipulación interesada de la verdad y las maquinaciones partidistas destinadas a usar al Estado para sus propios intereses. La credibilidad del PP de Rajoy sale dolorosamente dañada con el contenido de los audios, pero puede quedar peligrosamente tocado el partido entero si toda la respuesta de Feijóo y del mismo Mariano Rajoy consiste en hacerse los sordos.