La Fiscalía rebaja la presión

El caso de los gastos de la Generalitat en la promoción del proceso independentista y la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 ha entrado en una nueva fase con la demanda de responsabilidad contable presentada este miércoles por la Fiscalía en el Tribunal de Cuentas. Sostiene que se gastó dinero público con finalidades no previstas en la ley y señala directamente a los líderes del procés ya condenados por malversación por el Tribunal Supremo, entre ellos el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y el expresident Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica. Sin embargo, la Fiscalía reduce de manera muy significativa la cantidad presuntamente malversada: desde los nueve millones iniciales a 3,42, casi dos tercios menos.

El cambio introducido por la Fiscalía no es menor y llega después de que la semana pasada el Tribunal de Cuentas ya quitara presión sobre los investigados en esta causa al permitir que sus fianzas puedan ser cubiertas por la propia Generalitat mediante un nuevo fondo de avales públicos. Tanto la rebaja de las cuantías supuestamente malversadas como el hecho de aceptar que los encausados puedan presentar avales del Govern a la espera de si hay una sentencia condenatoria firme no debe interpretarse como una señal de que las presuntas irregularidades quedan impunes. Los acusados, al fin y al cabo, tendrán que pagar si se demuestra que malversaron dinero público.

Más bien hay que leer el cambio como un ajuste lógico de la causa a la realidad tras analizar mejor la documentación aportada. La Fiscalía, por ejemplo, sostiene que parte del gasto atribuido inicialmente a la promoción del procés era, en realidad, destinado a las relaciones exteriores de la Generalitat y enmarcado dentro del principio de “libertad ideológica”. También ha dejado fuera de la causa el gasto que el Tribunal Supremo, en su sentencia sobre los líderes del procés, no pudo demostrar que fuera malversado. Todo ello en aras de garantizar la seguridad jurídica, esgrime la Fiscalía.

La rebaja planteada ahora por el ministerio público, así como el cambio de criterio sobre los avales, puede ayudar a continuar con la normalización del clima político en Cataluña y entre las administraciones catalanas y el Gobierno. Pero, sobre todo, al concluir la Fiscalía que buena parte de los gastos inicialmente atribuidos al procés son legítimos dentro del margen de maniobra de cualquier Gobierno y de su “libertad ideológica”, se reduce el margen para la arbitrariedad. Y con ello, siempre que este cambio quede debidamente acreditado, refuerza el prestigio de las instituciones al señalar indicios de malversación, pero limitándolos a lo que se puede demostrar de manera fehaciente. Al mismo tiempo, la Fiscalía puede ayudar a dimensionar en su justa medida una causa que desde el primer momento quedó contaminada por las tensiones internas de un Tribunal de Cuentas altamente politizado. Los cargos públicos de la Generalitat tendrán que pagar si se demuestra que malversaron dinero público, pero lo harán en su justa medida.