El Tribunal de Cuentas rectifica y permite que la Generalitat avale con dinero público a sus 34 ex altos cargos del ‘procés’

El Tribunal de Cuentas ha decidido aceptar los avales propuestos por la Generalitat para hacer frente a las fianzas impuestas a 34 ex altos cargos y funcionarios de la Administración catalana investigados por los gastos realizados para organizar el referéndum ilegal del 1-O y para la promoción del procés en el extranjero. La decisión la ha tomado por dos votos a uno la Sección de Enjuiciamiento, encargada de instruir en su actual fase judicial el expediente por aquellos hechos. La rectificación llega tras la renovación del Tribunal de Cuentas, el pasado mes de noviembre, que se tradujo en un cambio de mayorías en la institución.

Hasta ese cambio, predominaban los consejeros nombrados a propuesta del PP, una situación que cambió con los acuerdos entre socialistas y populares, al lograr los primeros los principales puestos clave. La polémica sobre los avales coincidió con el final del mandato del anterior tribunal, lo que determinó que entre los consejeros se extendiera el deseo de dejar la resolución definitiva de este asunto en manos de sus sucesores. De ahí que a finales del pasado julio se dirigiera una consulta a la Abogacía del Estado sobre la admisibilidad de la propuesta de la Generalitat. Este trámite abrió un largo paréntesis durante el cual no se tomaron decisiones sobre el recurso al rechazo inicial de los avales, ahora resuelto favorablemente.

La propuesta inicial examinada este lunes, presentada por la consejera Rebeca Laliga —ponente del caso y nombrada a propuesta del PP— abogaba nuevamente por rechazar los avales, pero quedó en minoría en el tribunal. Los otros dos consejeros, Rosario García y Diego Íñiguez, votaron en contra y propusieron aceptar el mecanismo de garantía del que se ha dotado la Generalitat para proteger a sus altos cargos ante procedimientos judiciales.

A resultas del debate, por tanto, quedó clara la existencia de una mayoría favorable a la admisión de los avales y el rechazo del texto inicial se tradujo en un cambio de ponente. La nueva encargada de elaborar la resolución mayoritaria es la consejera Rosario García, quien consecuentemente la redactará en términos de aceptación de la fórmula de afianzamiento propuesta por la Generalitat. Esta decisión no puede ser objeto de recurso.

La resolución implica considerar que los mencionados avales proporcionan una garantía legal suficiente de que en caso de dictarse sentencia condenatoria los fondos públicos irregularmente gastados podrán ser recuperados. El Tribunal de Cuentas rectifica así la anterior decisión de la delegada instructora de este caso, Esperanza García, quien consideró que los avales no eran aceptables porque el desvío de fondos se llevó a cabo con dolo –intención expresa- o negligencia grave.

Los expedientados, en todo caso, podrán recuperar ahora el dinero depositado en el Tribunal de Cuentas a modo de fianza. ERC entregó más de dos millones de euros para cubrir las responsabilidades de un tercio de los expedientados, y el resto había ido incrementando sus aportaciones iniciales también con distintas transferencias, hasta cubrir en total los 9,5 millones de euros que se les reclamaban conjunta y solidariamente.

De este modo, todos ellos habían conseguido ya que el tribunal levantara los embargos de bienes inmuebles acordados tras la aprobación de las correspondientes actas de liquidación provisional. La relativa a la organización del referéndum ascendió a 4,1 millones de euros, y la referente a Diplocat y la promoción de los planes independentistas en el exterior supuso los 5,4 millones de euros restantes.

Ambas investigaciones acabaron uniéndose en un solo expediente contra los citados exaltos cargos y funcionarios, entre los que se encuentran los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Antoni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa, Andreu Mas-Colell, Clara Ponsatí y Francesc Homs. Todos ellos tendrán que hacer frente a la cantidad que se les reclame al final del procedimiento en caso de que se dicte sentencia condenatoria. Los avales del Institut Català de Finances (ICF), vinculado a la Generalitat, garantizan dicho pago hasta ese hipotético momento.

En todo caso, la aceptación del mecanismo utilizado ahora para el afianzamiento de la cantidad reclamada en concepto de responsabilidad contable supone para los expedientados que no sólo van a recuperar las cantidades que hubieran recuperado, sino que también dejan de tener el riesgo de nuevos embargos en función de los intereses que se vayan incrementando mientras se instruye el procedimiento. A este respecto hay que tener en cuenta que la continuación de este proceso en su presente fase judicial puede implicar que el correspondiente juicio oral tenga lugar dentro de aproximadamente un año, si no más.

Está legalmente previsto que la garantía que representan los avales extienda sus efectos hasta que la sentencia que se dicte sea firme. Y hay que tener en cuenta que la resolución del Tribunal de Cuentas es recurrible posteriormente ante el Supremo, y eventualmente luego ante la justicia europea.