Una política integral de migración

Además de muerte y destrucción, la guerra de agresión que sufre Ucrania está provocando que millones de personas huyan del país y lleguen a la Unión Europea, principalmente a través de las fronteras de Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania. Dado que los hombres no pueden abandonar Ucrania, la mayor parte de los desplazados son mujeres y niños. La reacción de solidaridad expresada en todos los Estados europeos ciertamente reconcilia a la UE con ella misma tras el fracaso que supuso la gestión de la crisis de refugiados de 2015. En aquella ocasión, a la vergonzosa negativa de algunos Estados a ubicar la cuota asignada de los más de dos millones de desplazados que cruzaron las fronteras europeas, se sumó la firma por parte de la Unión Europea de un criticable acuerdo con Turquía para externalizar el control de los flujos migratorios más allá de nuestras fronteras.

Afortunadamente, hoy Europa está siendo capaz de administrar una respuesta diferente y bastante más acomodada a los valores que propugna. Probablemente no resulte ajeno a esta reacción haber tomado conciencia de que la agresión a Ucrania es, en realidad, una forma de socavar la seguridad y estabilidad europeas y mundiales. Esta perspectiva justifica una pluralidad de medidas adoptadas entre las que se encuentra la activación, por primera vez, del mecanismo de protección temporal contemplado en la Directiva 2001/55, de 20 de julio, para los casos de afluencia masiva de personas desplazadas. El número de desplazados ya supera los cuatro millones y seguirá creciendo. Este proceso es el que está perfectamente descrito como supuesto legislativamente requerido (“afluencia masiva de personas desplazadas”) para activar una fórmula de protección temporal ágil. El objetivo consiste en reducir de forma drástica los trámites burocráticos para todos aquellos nacionales, refugiados o residentes en Ucrania que hayan abandonado el país desde el pasado 24 de febrero. Es una fórmula de protección válida para un año y garantiza a todos un conjunto de derechos armonizados en los Estados miembros de la Unión y que exime a los solicitantes de acudir a la más compleja fórmula del asilo.

Con todo, la respuesta acertada al drama humano que acarrea una guerra como la que estamos viviendo no exime a la Unión Europea de seguir avanzando en la configuración de una política de inmigración y asilo más ambiciosa que la actualmente vigente. Resulta difícil negar las deficiencias de un modelo cuyas consecuencias resultan especialmente gravosas para países como España, Italia, Grecia o Malta, cuyas fronteras son también fronteras exteriores de la Unión y soportan habitualmente una fuerte presión migratoria. El documento que la Comisión Europea planteó en septiembre de 2020 bajo el título Nuevo pacto para la migración y el asilo contenía los fundamentos de un nuevo armazón jurídico en la materia, pero la fuerte contestación de algunos Estados y del Parlamento Europeo impidió su aprobación. La afluencia masiva de desplazados que deja ahora la crisis de Ucrania y el respaldo de la ciudadanía europea a su acogida pueden ser el incentivo que las instituciones europeas necesitaban para retomar la cuestión y hacer de la inmigración y el asilo una prioridad en la agenda política de la Unión.