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Tribuna
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‘Chile in the making’

Una nueva esfera progresista llega al país sudamericano con la necesidad imperante de un cambio político profundo

El presidente de Chile, Gabriel Boric, pronuncia su primer discurso tras asumir el cargo, el pasado 12 de marzo.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, pronuncia su primer discurso tras asumir el cargo, el pasado 12 de marzo.Alberto Valdes (EFE)

Vivir Chile en un momento como el que está viviendo ahora es vivir la política en movimiento, es sentir, a través de la ciudadanía, la necesidad tan imperante de un cambio profundo. Un cambio que se debate entre, como comentaban los líderes de algunos partidos políticos, la cancelación cultural de fuerzas políticas que fueron parte de la concertación, y de gobiernos más conservadores, y una nueva esfera política que aspira a transversalizar políticas progresistas, dentro de un gobierno que tiene dos coaliciones, algo sin precedente en Chile. Para ello, el presidente Gabriel Boric ha tenido que aglutinar en su Gobierno fuerzas políticas con ideas programáticas distintas en las que el consenso se presenta indispensable.

El descontento social catalizó en las protestas de 2019, el detonante fue el alza de precios del transporte público, hubo muertos, heridos y personas encarceladas. Según Human Rights Watch, los carabineros usaron la fuerza de manera excesiva en respuesta a manifestaciones multitudinarias, algunas violentas. Según esta organización de defensa de los derechos humanos, aunque en Chile se han tomado medidas para reformar la Policía, todavía deben realizarse más cambios para prevenir conductas indebidas y reforzar la supervisión disciplinaria y fortalecer la rendición de cuentas. El estallido social, que duró hasta entrado 2020, puso de manifiesto un descontento que evidenciaba, sobre todo, la agonía de un modelo político neoliberal. Las protestas desembocaron en un plebiscito nacional que se llevó a cabo en octubre de 2020, dando origen a la Convención Constitucional que es el órgano constituyente encargado de redactar una nueva Constitución para el país, y que debe ser aprobada o rechazada a través de un referéndum este año, en 2022.

Este es un proceso político inédito en Chile, ya que a través de la consulta la ciudadanía decidió la realización de una nueva Constitución y que fuera elaborada a través de una convención en la que todos los constituyentes fueron elegidos por votación directa. La paridad de género en la formación de la Convención Constituyente ha sido uno de sus rasgos significativos. Además, en ella están representados los diez pueblos originarios del país. Dentro de ella hay mayoría de participantes independientes. Todas estas características ponen sobre la mesa el rechazo a que los representantes políticos tradicionales realizasen la nueva constitución. No es baladí recordar que la última había sido redactada originalmente por el régimen de la dictadura de Pinochet, y sobre ese texto los gobiernos democráticos posteriores y el Parlamento hicieron algunas modificaciones. El interés de la ciudadanía se refleja en el hecho de que la participación en el plebiscito, en números absolutos, fue la mayor de la historia, para la aprobación de la Constitución votó 78,27% a favor y a favor la convención constitucional el 78,99%.

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Este proceso constituyente es fascinante, primero porque articula una relación distinta entre actores sociales y partidos políticos; y, segundo, por todos los retos que tiene por delante. A pesar de que el proceso empezó con mucha fuerza, ahora está más erosionado por las dificultades que está encontrando en el camino, entre los que se encuentran las críticas de los sectores de derecha o la fragmentación política entre los colectivos que forman los convencionales, se requiere alcanzar los dos tercios para cada norma constitucional. ¿Cuáles son los temas clave? La plurinacionalidad, la descentralización política y económica, la reforma del Congreso y el Senado, igualdad, el reconocimiento de la diversidad, medio ambiente y el acceso justo y equitativo de los bienes comunes, entre otros.

La política ejercida desde el Gobierno sigue su curso a la par que la constituyente el suyo propio, el primero no puede intervenir en el segundo. Ambos de manera sui géneris conviven afrontando grandes retos de futuro. El nuevo gobierno nace en un nuevo contexto, de ninguna manera puede ser posicionado con la izquierda autoritaria, a pesar de los miedos y fantasmas agitados por la derecha chilena y latinoamericana durante la campaña. Es un gobierno que se ha establecido en el marco de una izquierda progresista, buscando consensos entre distintas fuerzas cuyo objetivo principal es cambiar el sistema político neoliberal y eliminar las enormes desigualdades que existen en la sociedad chilena. Vale la pena verlo de barrio en barrio separados solo por dos o tres cuadras. Las medidas que propone se acercan a una socialdemocracia que puede liderar el cambio político en América Latina y condicionar las próximas citas electorales, como en Colombia y Brasil.

En las dos semanas que lleva el nuevo Gobierno, el presidente, entre otras medidas, se ha adherido al acuerdo de Escazú para la protección del medio ambiente y ha firmado el nuevo código de Aguas que es una normativa, como el mismo anunció, que regula el uso de recursos hídricos, que priorizará el acceso al consumo humano y permitirá transición hídrica justa y un uso sustentable del agua. No olvidemos que Chile lleva en escasez hídrica desde hace ya unos 13 años, la Constitución de 1980 consagró la propiedad privada del agua, algo que los gobiernos posteriores no cambiaron. Del mismo modo, en una entrevista reciente el presidente ya ha anunciado medidas económicas para la reactivación inclusiva de los sectores más vulnerables debido a la crisis derivada del estallido social, la pandemia y la inflación. Chile es un país más estable que muchos países de la zona, ha ido reduciendo la pobreza en los últimos años, tiene a China como principal socio comercial, su intención es extender tratados de colaboración con países limítrofes en distintas materias.

Los desafíos no son pocos: la necesidad de una reforma tributaria, la subida del salario mínimo interprofesional, un nuevo modelo de pensiones, un plan nacional de cuidados, el aborto extensivo a más de tres supuestos, la gestión de los flujos migratorios, recientes en el país, una posible ley de amnistía para los presos del estallido social y el conflicto del pueblo indígena mapuche. Este último con el reclamo de la devolución de tierras y al que la aproximación en los últimos años se ha realizado desde el ámbito securitario, son temas fundamentales que tiene que abordar el nuevo gobierno, y que le preocupan.

Desde España, y Europa, se ve con esperanza el nuevo tiempo político que se está dando en Chile. Particularmente desde el PSOE vemos con agrado e ilusión las iniciativas socialdemócratas que son de gran calado en la agenda de gobierno.

Vivir Chile en transformación es darse cuenta del cambio del ciclo político en el que está sumergido América Latina. Es importante que este proyecto que nace de la legitimidad popular no falle, hay muchas expectativas puestas, pero debemos darnos cuenta de que las legislaturas son cortas. Además, existe un “nuevo” frente a lo “antiguo”, este último representado por grupos políticos que en su mayoría forman parte del bloque del socialismo democrático, como son el partido socialista, el partido por la democracia o el radical que necesitan consolidarse y ser una opción viable de futuro, tienen ministros en el gobierno de Boric, como tienen también los liberales que integran este bloque y que son una fuerza más joven que el resto de esta coalición. Tienen ahora la oportunidad de mostrar su capacidad de resiliencia y adaptación junto con las fuerzas políticas de Apruebo Dignidad, alianza entre la formación del presidente, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Todos deben demostrar que el consenso bajo el liderazgo fuerte del presidente Boric prima sobre las visiones partidarias teniendo como objetivo la implementación de una agenda progresista transversal.

Y mientras tanto, los Andes siguen con su pétrea mirada el caos circulatorio de ciudades en ebullición como Santiago de Chile, un pisco-sour que es pertinente a cualquier hora del día, mezclado con la conciencia impertérrita de la memoria. Si algo se siente en Chile, y en Santiago particularmente, es la herida profunda de la dictadura pinochestista. Tiene nombre: Londres 38 y el Museo de la Memoria. El recuerdo de lo que no se debe borrar ni se debe repetir. Tener una memoria consciente de lo que han supuesto las torturas, los asesinatos, desapariciones, la impunidad de aquellos que lo practicaron, ha dejado su impronta en una sociedad que reivindica su derecho a decidir, y a cambiar los ritmos de su propia historia, aquella que como dijo Salvador Allende “es nuestra y la hacen los pueblos”.

Hana Jalloul es secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

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