Guatemala amenaza los derechos reproductivos en contra de la tendencia regional

Durante décadas, el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, ha sido una ocasión para que las mujeres en todo el mundo participemos en manifestaciones para que se reconozcan nuestros derechos. Sin embargo, este año, el Congreso de Guatemala eligió el 8 de marzo para aprobar un proyecto de ley que podría restringir los derechos reproductivos —ya de por si limitados— de las mujeres y niñas del país. Este martes, el Congreso de Guatemala archivó el decreto, pero aún así Guatemala queda rezagada respecto del resto de países de la región en lo que se refiere al reconocimiento de los derechos de las mujeres y la protección de su salud reproductiva.

Este revés tiene lugar después de que varias voces, incluidas la de Human Rights Watch, advirtieran sobre los peligros de esta ley conocida como el Decreto 18-2022. Alejandro Giammattei anunció que la vetaría y el Congreso le ganó archivándola.

Las leyes vigentes establecen que el aborto es legal únicamente cuando esté en riesgo la vida de una mujer o niña embarazada, y las sanciones van de uno a doce años de prisión. El Decreto 18-2022, hubiera aumentado las penas y ampliado las circunstancias en las cuales una mujer y otras personas involucradas en un aborto podrían haber sido perseguidas penalmente. Definía el aborto como la “muerte natural o provocada” de un embrión o feto y hubiera establecido penas de prisión de hasta cuatro años para las mujeres que intentaran obtener un aborto, y 10 años para aquellas que “causaren su aborto”. Esto podría haber dado lugar a la persecución penal de mujeres que tuvieran abortos espontáneos, como se ha documentado en otros países. El proyecto de ley hubiera exigido que dos especialistas, en lugar de uno, confirmaran que un embarazo constituía riesgo para la vida, con lo cual hubiera resultado aún más difícil acceder a un aborto terapéutico. También habría penalizado a cualquier persona que “promoviera y facilitara los medios para la realización de un aborto”.

Ampliar la legislación penal para restringir el acceso al aborto no solamente expondría la vida de las mujeres y las niñas a un riesgo mayor, sino que ha quedado demostrado que esas leyes no reducen el número de abortos: solo los convierte en procesos inseguros en los cuales se pone en peligro la vida y la seguridad de las mujeres. Además, este proyecto de ley hubiera prohibido el matrimonio igualitario y restringido la educación sexual integral.

Durante meses, el Presidente Giammattei había promovido posturas antiderechos manifestando que convertiría a Guatemala en “la capital provida de Iberoamérica” y fortalecería la “familia” y el respeto por la “vida desde su concepción”. El 9 de marzo, de hecho, asistió a una ceremonia organizada por grupos cristianos frente al palacio de gobierno, y lo declaró “Día por la Vida y la Familia”.

Pero el Presidente Giammattei pareció cambiar de rumbo el 10 de marzo, y tomó distancia de ese proyecto de ley al declarar públicamente que lo vetaría por constituir una violación de las normas internacionales sobre derechos humanos y la Constitución de Guatemala. Efectivamente, esa ley habría violado derechos humanos porque, entre otras cuestiones, menoscabaría la autonomía de las mujeres y niñas, y hubiera puesto en riesgo su vida y salud.

Para respetar los derechos humanos, Guatemala debería seguir los ejemplos de otros países de América Latina, que han avanzado en la flexibilización de las restricciones al aborto. Recientemente, Argentina y Colombia despenalizaron el aborto voluntario hasta las 14 y las 24 semanas de gestación, respectivamente. En México, el aborto ha sido despenalizado en siete estados, aunque en otros 25 aún está tipificado.

En Ecuador, tras una decisión de la Corte Constitucional, el Congreso aprobó una ley en el mes de febrero, que garantizaría que las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual tengan acceso al aborto. Aunque el presidente Guillermo Lasso la vetó parcialmente este 15 de marzo, y la ha regresado al Congreso para que siga deliberando, todavía hay esperanzas de que este la apruebe y garantice los derechos de las mujeres.

En Chile, el programa del presidente Gabriel Boric incluye un compromiso del gobierno para ampliar el alcance de la salud reproductiva, incluido el acceso al aborto. Ya se han realizado algunos avances al respecto. La Cámara de Diputados aprobó una medida, a finales de 2021, para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación. El proyecto aún debe aprobarse en el Senado.

Algunos países están concretando avances, y deberíamos celebrar el terreno ganado y reconocer el trabajo colectivo de los diversos movimientos feministas. Pero no ha sido un camino fácil, y muchos gobiernos de la región –incluyendo el de Guatemala– aún se oponen a lucha por los derechos reproductivos. La decisión del Congreso de archivar el decreto, junto con la decisión Giammattei de vetar una ley que la habría convertido en una de las más restrictivas de la región, es la correcta. Pero no es motivo suficiente para celebrar. Las leyes sobre aborto de Guatemala se encuentran desfasadas frente a los avances logrados en la región, y no respetan lo establecido por las normas internacionales de derechos humanos. Y son las mujeres y las niñas quienes sufren las consecuencias.

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