11.246 millones de euros

Con nueve millones de euros pueden hacerse muchas cosas. El Ministerio de Trabajo ha destinado esa cantidad, procedente de los fondos europeos Next Generation, a financiar programas contra el desempleo juvenil en distintos sectores productivos a partir de las ideas aportadas por varias comunidades autónomas. El resultado ha sido la asignación de nueve millones al sector agrario de Extremadura, el industrial en el País Vasco, el turístico en Valencia; y la repoblación de zonas rurales fue la causa que favoreció a Navarra. Conviene contarlo para que la acusación de clientelismo y dedazo digital que ha lanzado urbi et orbi el PP en la última semana se desacredite por sí misma. La rapidez de reflejos de Isabel Díaz Ayuso ha servido para convertir en titular mediático un cuestionamiento de ese reparto, pactado con las comunidades y sin queja de las no favorecidas.

Lo grave de la nimiedad es que el PP de Pablo Casado ha querido usar la ausencia de la Comunidad de Madrid en ese reparto como paradigma de los criterios del Gobierno en la asignación de los 11.246 millones de euros del primer desembolso europeo. Las elecciones de Castilla y León pueden explicar todo este retorcimiento argumental, pero también pueden ofrecer lecciones al Gobierno sobre la necesidad de ofrecer más y mejores explicaciones sobre las ingentes inversiones que se están acometiendo. La población difícilmente puede valorar y asumir su magnitud, dada la complejidad de los mecanismos de asignación, aprobación y desembolso. España sigue siendo el primer y único país en cumplir con las estrictas condiciones de la UE y en recibir los fondos, pero es mucho mejor explicarlo con claridad, transparencia y tenacidad.

No solo Bruselas y el Gobierno español han creado mecanismos de fiscalización sobre bases precisas y acordadas con las comunidades (tras casi 60 reuniones sectoriales), sino que todo el proceso está sometido a un control estricto y regulado a través del Operational Arrangement (o acuerdo de aplicación), publicado desde noviembre. Eso explica, al menos, dos cosas: la indiferencia con que Bruselas ha acogido las denuncias del PP sobre el presunto favoritismo político del Gobierno, y la escalada verbal que los líderes conservadores han ido acelerando ante la ausencia de datos, indicios o hechos que prueben la discrecionalidad clientelar de esos fondos. Como han recordado incluso los medios poco afines al Gobierno de coalición, de las seis comunidades más beneficiadas por los fondos, cuatro de ellas están gobernadas por el Partido Popular, con asignaciones que equivalen a un total de 4.551 millones: Andalucía 1.915 millones de euros; Madrid, 1.213; Castilla y León, 742, y Galicia, 681. Las insinuaciones que un potencial presidente del Gobierno como Pablo Casado ha dejado en el aire en declaraciones deliberadamente ambiguas aspiran a erosionar al Ejecutivo, como es su obligación, pero el riesgo que asume es más grave. Sembrar la semilla de la duda de un uso fraudulento o corrupto de esos fondos sin ningún dato creíble podría dejar en suspenso la misma aplicación de los fondos. Cosa distinta es que el Gobierno vaya a remolque de las provocaciones de la oposición en lugar de programar una comunicación que llegue a toda la ciudadanía, vote lo que vote, sobre una operación crucial para la transformación de España. La mejora de la transparencia sobre esos planes podría ser el mejor antídoto contra la desinformación interesada y los bulos injuriosos. Frases de algún líder (como que son “fondos del PSOE y no fondos de España”) son munición fatua, pero requieren ser rebatidas con transparencia y densidad informativa.