Los comisionistas del fútbol
El reglamento que propone la FIFA para los representantes de los jugadores profesionaliza la gestión y combate los abusos


Las cifras que manejan los agentes de los futbolistas a menudo son estratosféricas y no siempre la transparencia preside las negociaciones: para unos son multimillonarias y para otros, apenas insignificantes y plagadas de irregularidades. La FIFA ha decidido intervenir en ese ámbito con la aprobación el próximo marzo de un reglamento que profesionalice la gestión, asfixie las prácticas abusivas y reduzca la pulsión inflacionaria de ese mercado a través del control de las comisiones de los agentes, que en 2021 ascendieron a 450 millones de euros.
Entre las nuevas condiciones que exigirá el organismo que rige el fútbol mundial figura el cribado reputacional. Ese mecanismo pretende impedir que se repitan casos de explotación y de tráfico de menores. Durante décadas, jóvenes futbolistas, principalmente africanos y sudamericanos, fueron engatusados por agentes sin escrúpulos que les prometieron una carrera en el paraíso del fútbol europeo y quedaron abandonados a su suerte cuando los clubes para los que fueron reclutados rechazaron su incorporación. El objetivo es que dejen de repetirse las imágenes de quinceañeros durmiendo bajo techos de estadios europeos o mendigando por las calles para poder comprar un billete de vuelta hacia su país de origen.
No es una práctica mayoritaria de los representantes, pero la nueva legislación excluirá del sistema a quienes incurran en ellas y hayan sido condenados a penas de al menos 12 meses de prisión por asuntos relacionados con crimen organizado, narcotráfico, corrupción, lavado de activos, evasión fiscal, abuso sexual, explotación o trata infantil. En muchos casos, según ha constatado el grupo de trabajo que ha elaborado la normativa, los agentes llegan a cuadruplicar las cantidades que cobran los futbolistas por formar parte de un traspaso a otro club.
En un negocio en el que no es rara la ocultación de capitales, la FIFA aspira a hacer públicas las cantidades que se abonan por las transferencias y revelar qué clubes y agentes intervienen en ellas y las comisiones de estos últimos, para frenar el desvío de importantes sumas de dinero a paraísos fiscales. La creación de un organismo llamado Clearing House permitirá distribuir las comisiones a las cuentas que los intermediarios tengan en sus países de residencia. La regulación modificará también el papel de familiares o personas del entorno de jugadores y clubes que carezcan de licencia para operar con el fin de evitar el cobro de comisiones que contribuyen a la inflación del mercado de fichajes. Los pagos no podrán superar el 10% a partir del 1 de junio de 2022, fecha en la que está prevista la implantación de las nuevas reglas.
Más allá del escándalo social que provocan las cifras que negocian los agentes de una minoría de futbolistas, la regulación del mercado permitirá también atajar los contratos leoninos que empiezan a darse en el emergente negocio del fútbol femenino, en el que jugadoras con sueldos mileuristas han firmado acuerdos con cláusulas abusivas en el caso de entrar a formar parte de un traspaso.
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