Otra etapa

El Consejo de Ministros celebrado el martes trató de escenificar un mensaje de renovación que deberá ir tomando forma con acciones concretas. La crisis de gobierno debiera significar el impulso que necesita el Ejecutivo para lo que resta de legislatura. Pueden distinguirse dos planos, el interno y el externo. En el primero, el cambio profundo en la estructura de gobierno con la salida de figuras de un evidente peso político como Carmen Calvo, José Luis Ábalos e Iván Redondo —meses después de que Pablo Iglesias dejara la escena política— altera considerablemente las dinámicas internas del Gabinete. Cabe esperar que la nueva configuración del organigrama, junto con el liderazgo asumido por Yolanda Díaz en el ámbito del socio menor del Gobierno, contribuyan a un mejor nivel de cohesión y eficacia interna. Aunque es comprensible un cierto grado de disonancia entre los socios de cualquier Gobierno de coalición, lo cierto es que los problemas de descoordinación e improvisación exhibidos durante el primer tramo de legislatura han excedido en ocasiones el margen aceptable. En paralelo, el cambio en esa interlocución, ahora en manos de Yolanda Díaz después de la salida de Pablo Iglesias, también contribuye a un mejor nivel de cohesión interna.

Más arduo será mejorar en el segundo plano, la proyección externa, ya que el panorama político es el que es, y no cabe esperar cambios trascendentales. De entrada, el estreno de los siete nuevos ministros no debiera postergar su comparecencia en sus respectivas comisiones para informar sobre las líneas de cambio y continuidad respecto a la agenda de sus predecesores. Por ejemplo, sobre la política de vecindad y nuestra relación con Marruecos, o sobre la política de vivienda que tantos problemas ha ocasionado con el socio minoritario, o respecto a cuestiones fundamentales que afectan a la agenda territorial como lo es el tema de la financiación autonómica. Esta última —la territorial— es una cuestión donde pueden lograrse algunas mejoras. El nombramiento de las nuevas figuras que provienen del mundo local, entre las que se encuentra el de la castellanomanchega Isabel Rodríguez como titular de Política Territorial, es un claro intento de superar el angosto marco actual. El conflicto catalán debe ser abordado políticamente, pero ni puede monopolizar ni ser tratado de forma aislada. El Gobierno tiene el deber de intentar involucrar otros actores en una reflexión conjunta sobre posibles reformas. Será arduo un diálogo sereno con el PP nacional o su derivada madrileña. Pero en el PP hay puntos de vista diferentes con los que es necesario buscar una interacción. Las nuevas figuras incorporadas al Gobierno pueden de alguna manera dar impulso a esa complicadísima labor. No cabe esperar grandes logros; sí pequeños pasos que vayan dejando atrás una fase de bloqueo absoluto.

La oposición debiera asumir que no es este un tiempo electoral. Ni lo sugiere la dinámica del Parlamento, ni lo recomienda la situación del país, que reclama ahora afianzar la recuperación. El Gobierno tiene el deber de tender puentes en una tarea que le corresponde gestionar, pero que, por su envergadura, reclama buscar consenso. La oposición debería asumir el papel que le corresponde de fuerza constructiva, que además de fiscalizar y ser alternativa de gobierno, participa en la institucionalidad del país en conformidad con el mandato constitucional.