‘Ley trans’: nuevos derechos

El anteproyecto de la ley trans aprobada por el Consejo de Ministros supone un importante avance en la protección de los derechos individuales de las personas trans y del colectivo LGTBI. Su aprobación parlamentaria reforzaría la continuidad de España como uno de los grandes referentes internacionales en la lucha contra la discriminación en esta materia. La autodeterminación de género, elemento central de la ley, es objeto de un intenso debate y ha causado un fuerte pulso en el Gobierno. Como contexto, cabe recordar que el planteamiento final del anteproyecto sigue la línea de las recomendaciones de instituciones como la OMS o la Comisión Europea y la estela de países avanzados como Dinamarca o Noruega. Este periódico respaldó el pasado mes de febrero esta posición, que puede ser considerada una buena noticia para quienes tienen una visión progresista y liberal de la sociedad.

La ley sigue contando con la oposición de una parte del movimiento feminista que merece ser escuchada y respetada. En algunos momentos, sin embargo, el pulso por la hegemonía en ese movimiento ha enturbiado el debate sobre las ideas, sobreponiéndose en parte a la genuina preocupación por los colectivos a los que la norma se dirige. En cualquier caso, la evidencia empírica mostrada por los países en los que se han implementado normativas similares (también 11 comunidades autónomas en España) confirma que la ampliación del marco de los derechos de una minoría no conlleva la merma o amenaza de los de la mayoría. Según datos oficiales, desde que Portugal reconoció en 2018 la autodeterminación de género sin necesidad de informe médico ni hormonación, alrededor de 500 personas han solicitado ese cambio. Este ínfimo porcentaje hace que pierda peso ese otro argumento según el que la norma abre la puerta a un fraude masivo o que el avance en esa dirección sea incompatible con el impulso de una agenda social feminista centrada en temas que afectan a las mujeres, como la brecha de género y la desigualdad.

La ley pretende mejorar las difíciles condiciones de vida de una minoría muy vulnerable y algunos de los aspectos recogidos en esa dirección merecen reconocerse. Por ejemplo, la consolidación de derechos en el ámbito educativo y laboral, lo que implica la mejora de los procedimientos para denunciar las discriminaciones. Es positivo el establecimiento de un periodo de reflexión de tres meses para ratificar la solicitud y la persistencia de la voluntad, lo que afianza decisiones maduras y dificulta eventuales abusos. Debería ponderarse en el debate parlamentario la oportunidad de prolongar este periodo hasta los seis meses, como prevé la legislación danesa.

Autodeterminación y despatologización son elementos positivos. Pero estos no deben significar el debilitamiento de estructuras de apoyo como las que venían contempladas en la ley de 2007 reguladora de la rectificación registral relativa al sexo de las personas. Todo al contrario, es preciso consolidarlas, ya que la autonomía en la decisión no excluye que, especialmente en el caso de menores, se precisa de una atención especializada para circunstancias a veces difíciles. Es esperable un debate constructivo en el Parlamento para mejorar y dotar de la mayor seguridad jurídica un proceso que merece la máxima atención y protección no solo del legislador, sino de la sociedad en su conjunto.