Atender a la covid persistente

En el año que llevamos de pandemia la atención a los enfermos de covid-19 ha sido la principal prioridad del sistema sanitario, que ha vivido momentos complicados próximos al colapso. La pandemia parece haber entrado por fin en una fase de mayor control y conforme la vacunación vaya avanzando es de esperar que las hospitalizaciones y los ingresos en unidades de cuidados intensivos desciendan significativamente. Los más de 10 millones de vacunas administradas hasta ahora han permitido que el 22% de la población haya recibido al menos una dosis y el 8%, la pauta completa. Pero conforme transcurre el tiempo y aumenta el número de pacientes que han recibido el alta, aflora un nuevo problema: la necesidad de atender las secuelas que deja la enfermedad. Afectan sobre todo a las personas que han sufrido una forma grave de la misma, pero también puede aparecer tiempo después en las que han tenido manifestaciones leves.

La llamada covid persistente está poniendo a prueba tanto la capacidad de seguimiento del sistema sanitario como las estructuras de protección social. Un reciente estudio indica que la mitad de los pacientes que han sobrevivido al coronavirus presentan secuelas. La mayor parte desaparecen al poco tiempo, pero una parte significativa perduran y en algunos casos derivan en patología crónica. La OMS estima que alrededor del 10% de las personas infectadas presentan síntomas 12 semanas después del contagio, pero ya hay muchos casos que se prolongan un año después de la infección.

Se han identificado más de un centenar de afectaciones diferentes. A las secuelas respiratorias y cardiovasculares hay que añadir un abanico de daños neurológicos. La Sociedad Española de Neurología estima que el 60% de los hospitalizados presentan afectaciones neurológicas y en el 12% de los casos son de carácter persistente. Entre ellas destacan por su frecuencia las cefaleas y problemas cognitivos como la llamada niebla mental, además de fatiga, dolor muscular y trastornos del sueño.

Es pues urgente habilitar unidades funcionales de covid persistente que cubran todo el territorio y que, en colaboración con la atención primaria, puedan hacer el seguimiento de estos pacientes y evitar que esas secuelas se cronifiquen. Lo es también la gestión administrativa. Hasta marzo se habían registrado 1,2 millones de bajas laborales por la covid-19. Según datos de la Seguridad Social, el 8% de los infectados, unas 100.000 personas, han tardado tres meses o más en poder reincorporarse al trabajo. La naturaleza insidiosa de algunas de las secuelas dificulta el diagnóstico y el tratamiento, lo que añade dificultades administrativas al trastorno. Los pacientes que las sufren no deberían sentirse bajo sospecha por la presión de las mutuas que gestionan las bajas laborales.