Un nuevo contrato social

Las elecciones en Madrid van a seguir ocupando la atención de todos los partidos políticos, aunque la realidad de un país sea más compleja que la que afecta a uno de sus territorios. Con todo, este proceso electoral podría tener cierto interés para el conjunto si al menos permitiera clarificar los ejes sobre los que debería gobernarse una región próspera que no quiera resignarse a convivir con una desigualdad obscena. Todo ello está conectado, obviamente, con la manera en la que aquellos a los que les va económicamente mejor quieran comprometerse con quienes corren el riesgo de quedar descolgados. En este sentido, Madrid puede constituir un experimento político en torno a cómo actualizar nuestro deteriorado “contrato social”.

No es necesario insistir en las brechas de desigualdad que la pandemia ha ensanchado hasta límites que pueden comprometer la viabilidad de la democracia. Sí es importante recordar que la legitimidad de nuestro sistema político pasa precisamente por hacer posible la coexistencia armónica entre, de una parte, los intereses de los actores que operan en una economía de mercado y, de otra, la ineludible necesidad de garantizar que la generación de riqueza se proyecte de manera justa sobre toda la sociedad haciendo posible así su cohesión interna. De hecho, la idea de contrato social ha constituido siempre esa inteligente fórmula de compromiso voluntariamente asumido y capaz de preservar el dinamismo del modelo económico sin impedir la extensión de los beneficios generados al conjunto de la comunidad.

A nadie se le oculta que ese compromiso ha quedado seriamente erosionado por una pluralidad de factores en los que no vale la pena detenerse ahora. Basta con advertir que Madrid es un buen exponente de la pérdida de expectativas para amplias capas de población, a pesar de la solidez y el vigor de su tejido productivo. La pandemia ha contribuido también a visibilizar la urgencia de romper con una dinámica de grave quiebra de la cohesión social, acelerada por una precariedad laboral sistémica que resulta amenazante para la sostenibilidad del propio sistema. Los partidos políticos deberían aprovechar el proceso electoral para debatir sobre los elementos en los que debería descansar la renovación de dicho contrato social. Pero, ¿es realista imaginar que la campaña electoral de Madrid vaya a contribuir a hacer de este tema un eje vertebral de la conversación con la ciudadanía?

Hasta el momento el clima político de polarización, unido a la simplicidad de planteamientos, no facilita un debate en el que afloren las buenas ideas sobre la mejor manera de hacer compatible el dinamismo económico de la región con la capacidad para mejorar las condiciones de vida de todos, a través principalmente de la generación de empleos de calidad y la previsión de una amplia red de protección social. Asistimos más bien a un espectáculo que poco puede contribuir a repensar la arquitectura de un nuevo contrato social que, más allá de Madrid, toda España necesita afrontar con urgencia y resolver con garantías de acierto.