Nueva ayuda a las empresas

La pandemia está asestando un durísimo golpe a la economía española, cuyo PIB se contrajo un 11% el año pasado. No se trata de una crisis estructural, como la que estalló en 2008, sino de un colapso por factores exógenos al sistema que pone de rodillas a muchas empresas que en circunstancias normales serían viables. Gran parte de ellas podrían volver a serlo, en abstracto, cuando el vendaval haya amainado. Pero el fin de la crisis no está cerca y muchas compañías están acumulando niveles peligrosos de endeudamiento. Este exceso de deuda sí que puede provocar un problema estructural, corroyendo tejido productivo sano.

El año pasado 45.000 empresas dejaron de estar activas, según las estadísticas de la Seguridad Social. Queda por delante al menos un semestre muy duro hasta que se aproxime la inmunidad de rebaño y numerosas compañías que en condiciones normales eran perfectamente viables pueden acabar no siéndolo por la carga de la deuda. Incluso si sobreviven, hay también evidencia de que el endeudamiento empresarial agravó el estancamiento económico de Japón de las últimas décadas. Las empresas, preocupadas por la deuda, no invertían.

Por este motivo, el Banco de España lleva desde junio reclamando medidas para las empresas cuando estas aún son viables. Los ERTE y los créditos ICO han sido instrumentos eficaces hasta ahora para sostener rentas, mantener vivas las relaciones laborales y brindar liquidez. Pero no son suficientes para atajar el problema de la deuda. El Ministerio de Economía es consciente de ello y, tras meses de arrastrar los pies, busca maneras para resolverlo. Un aspecto esencial es lograr mayor agilidad de los procesos concursales, ya sea para liquidar o para conseguir reestructurar las deudas. El chapter 11 estadounidense o el prepack holandés son modelos a examinar.

Hay otro aspecto de la cuestión que plantea dilemas más profundos: las ayudas directas. España se halla entre los países de la UE más rezagados en este apartado, debido al temor de que en el futuro pueda haber problemas de deuda soberana. Este temor es sensato, pero también lo es el miedo a la pérdida de tejido productivo. Partes del Ejecutivo —un sector de los ministros del área PSOE y el socio minoritario, UP— abogan ahora por activar ayudas directas. Esto no es nada radical: es lo que ha hecho, por ejemplo, el Gobierno alemán, y lo que por supuesto piden las patronales. Parece sensato que España también emprenda ese camino, extremando la prudencia para no invertir en empresas inviables y con magnitudes inferiores a las de países más sólidos.

Lo primero es un sistema de diagnóstico fiable para discernir las empresas viables de las inviables. El Banco de España y la patronal bancaria han emprendido estudios para brindar un marco que facilite esta clasificación. El Gobierno y otros actores clave han de colaborar además para establecer criterios claros de ayudas, entre ellos una cristalina vinculación a la facturación declarada en 2019. El esquema debería tener un alto grado de flexibilidad: el reto es buscar el punto exacto entre dar ayuda imprescindible a empresas viables, y retirarla en el momento preciso en el que no es necesaria. Acumular deuda inútil sería un error grave. Pero dejar morir por el camino sectores valiosos de la economía es peor.