Guaidó, la oposición y las sanciones

Trump se irá esta misma semana, pero dejará en vigor durísimas sanciones sobre la industria petrolera venezolana.

Son en extremo punitivas para cualquier nación o agencia de terceros que comercie o pretenda tener tratos financieros con Venezuela. Tan severas que, a solo un año de ser promulgadas, las exportaciones petroleras venezolanas, medidas en barriles diarios, han caído al nivel de los tempranos años 40.

Según el informe que hace casi un año publicó el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas son más de 9,3 millones las víctimas venezolanas de la inseguridad alimentaria aguda: uno de cada cinco venezolanos padece desnutrición. Maduro, sin embargo, sigue allí.

Es lo que queda luego del fracaso de la estrategia de Juan Guaidó, llamada “de máxima presión”, para desalojar a Nicolás Maduro del poder. Nada logró conmover a los altos mandos del Ejército con quienes Guaidó esperaba activar una improbable transición política orientada a lograr elecciones libres en un plazo perentorio.

En verdad, no son las sanciones contra Pdvsa y sus clientes las primeras que pesan sobre Venezuela desde 2006, muchas de ellas buscando castigar el narcotráfico y el terrorismo. Para fines del año pasado, el Departamento del Tesoro había congelado bienes a 159 funcionarios y conchabados del corrupto Gobierno venezolano mientras que el Departamento de Estado ha revocado ya más de 1.000 visas.

De acuerdo con datos de diversas agencias gringas, actualmente hay 32 regímenes de sanciones impuestos por Estados Unidos. Canadá, por su parte, ha encajado sanciones a 20 gobiernos y grupos terroristas.

La Unión Europea patrocina en todo el mundo sanciones contra 30 países y agrupaciones terroristas. Y si hablamos del Consejo de Seguridad de la ONU, el ya bastante desacreditado cuerpo ha estado imponiendo sanciones desde hace más de medio siglo sin que el planeta haya mejorado mucho en punto a derechos humanos.

El caso de Cuba, como ejemplo de numantina resistencia de una dictadura a las sanciones económicas estadounidenses, es tópico en cada discusión académica sobre el tema.

Es sabido que imponer sanciones es un recurso relativamente barato, comparado con patrullar zonas de exclusión aérea, bombardear – siempre por error- blancos civiles con misiles Tomahawk y, en caso extremo, mandar tropas. Además, las sanciones son populares entre el electorado del país del primer mundo que sanciona, no así entre la población que padece al gobierno sancionado.

Desde que el politólogo estadounidense Gary Hufbauer y un grupo de colegas publicaron en 1985 su seminal estudio sobre cuán problemática es la efectividad de las sanciones económicas no ha cesado el debate entre economistas y politólogos. La crisis de Venezuela ha brindado una nueva ocasión para ello. Estudiosos internacionales de mucho prestigio llegaron a sostener, en apoyo a Guaidó, que las sanciones no afectan letalmente a la población y que el único que debería aborrecerlas es Nicolás Maduro.

Sin embargo, el desconcierto reinante hoy día entre la clase política opositora venezolana testimonia cruelmente el modo en que, pese a las sanciones, Maduro ha logrado consolidarse en el poder.

En ello ha jugado un gran papel la destreza iraní para armar tanqueros fantasmas, borrar toda traza de registro de origen, navegar “en la oscuridad” desconectando a conveniencia los transponders de las naves, el cambio de banderas y el trasbordo de carga de un tanquero a otro en altamar.

Un brillante y exhaustivo trabajo periodístico, recientemente elaborado en conjunto por EL PAÍS y el portal investigativo venezolano Armando.Info da cuenta de cómo, a poco de haber Trump promulgado las sanciones en 2019, Maduro desplegó con razonable éxito un vasto circuito clandestino internacional de envíos de petróleo venezolano.

En el proceso, la maquinaria de propaganda de Maduro machaca que el origen de la penuria y el hambre venezolanas está en las sanciones yanquis y no en el despilfarro, el saqueo y la ineptitud de la era chavista.

En vísperas de la inauguración de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, ya es patente la presión que muchas transnacionales petroleras afectadas por las sanciones, como la italiana ENI, la española Repsol y la india Reliance, se proponen ejercer sobre Washington para lograr mayor flexibilidad y eximir el canje de diésel por crudo. El diésel es esencial para el transporte de alimentos del campo a las ciudades. Muchos grupos humanitarios no gubernamentales se disponen a actuar en el mismo sentido.

La sabiduría convencional opositora venezolana sostiene inercialmente, sin embargo, que cualquier alivio en las sanciones solo daría oxígeno la dictadura.

La retórica de Guaidó, si bien invoca ocasionalmente el tema humanitario, pareciera estar aún obnubilada por su foto con Trump en la Casa Blanca y en las fantasías de una inminente intervención militar interamericana. Se centra, monomaníaca, en el tema de la unidad en torno a él como presidente interino vitalicio y en una permanente movilización ciudadana para arrancarle a Maduro elecciones libres antes del Día del Juicio. A despecho de la pandemia, la hiperinflación y la atroz represión del régimen.

Al final podría resultar que las transnacionales petroleras, las ONG, la influyente izquierda del Partido Demócrata reinante, la gran prensa liberal americana y europea, el Programa de Alimentos de la ONU, el Papa, Shakira y hasta los Yanquis de Nueva York clamarán por alivio a las sanciones.

Menos Guaidó y la oposición.