Nuestra Universidad

La suya, la mía, la de todos, porque ese es el significado de la universitas scholarium, esa institución casi milenaria, en cuya importancia todos concuerdan y a la que pocos ayudan en la práctica. En la última década el financiamiento de las universidades públicas españolas descendió en un 21%, las tasas aumentaron en algunas comunidades más del 30%, el abandono escolar se incrementó y el empleo de miles de profesores e investigadores se precarizó. Mientras, aprovechando la crisis de lo público, algunos intentaron sacar tajada. Se acabó. El Gobierno del que formo parte, junto con las comunidades autónomas, estamos revirtiendo estos procesos, ahora que tenemos, por fin, unos presupuestos expansivos que nos permiten aumentar un 70% el gasto en educación y un 80% en investigación.

Pero no solo es cuestión de gastar, hay que saber para qué. Y por eso hemos definido un modelo de Universidad hacia cuya realización van orientados nuestros esfuerzos. Empezando por la afirmación sin ambages de la Universidad pública, que alberga la gran mayoría de estudiantes, como pilar de nuestro sistema, en concordancia con el contexto europeo. Sin que ello represente menoscabo a las privadas de calidad cuya contribución es indispensable para amplios sectores del alumnado.

Nuestro modelo prioriza a los estudiantes. Aunque sin investigación no hay Universidad, la razón de ser de la Universidad siempre han sido, son y serán los estudiantes. Lo cual implica proporcionar becas suficientes como derecho subjetivo para que cualquier persona que cumpla requisitos de admisión pueda hacer estudios universitarios cualesquiera que sean sus recursos. Quiere decir una reducción gradual de los precios públicos tendiendo hacia la gratuidad. ¿Por qué puede haber sanidad pública gratuita y educación obligatoria gratuita y no así educación superior en los mismos términos? Teniendo en cuenta que hoy día un empleo de calidad depende en buena medida de una formación universitaria. Claro que para cumplir ese objetivo las universidades públicas tendrán que ser financiadas por fondos públicos y no por las familias. Prioridad a los estudiantes implica no solo un menor coste para ellas, sino una enseñanza de calidad. Lo cual pasa por la formación del profesorado, por terminar con la precarización de su empleo y por su promoción poniendo énfasis en la evaluación de su docencia, en concomitancia con la evaluación de su investigación.

La investigación, la mayor parte de la cual se realiza en las universidades, tiene que ser impulsada, tanto con ayudas a la misma y a la participación en programas de investigación como mediante la inserción de nuestros profesionales en redes europeas y en programas de movilidad nacional e internacional. En un momento en que se están alcanzando nuevas fronteras del conocimiento, hay que hacer un esfuerzo especial para aprovechar el potencial de nuestros jóvenes investigadores, muchos de los cuales emigran descorazonados por la falta de perspectivas. Para ello, pondremos en práctica un ambicioso programa de ayudas posdoctorales que financiará estancias plurianuales de investigación en España y en el extranjero para cientos de jóvenes doctores. Al mismo tiempo, reforzaremos los programas de atracción de talento científico internacional que contribuya a que nuestras universidades participen en las redes de investigación más avanzadas. Porque la investigación actual no existe fuera de la pertenencia a esas redes globales de intercambio. La colaboración entre las universidades, los organismos públicos de investigación y las empresas incrementará la creatividad y productividad del conjunto del sistema.

La producción de conocimiento en la Universidad debe articularse con las necesidades económicas y sociales de su entorno territorial y del país en su conjunto, en colaboración con las Administraciones, con las empresas, con la sociedad civil y con los agentes sociales. Habrá que diseñar programas de enseñanza que, dentro del más estricto control de la calidad académica, tengan la empleabilidad de sus graduados como un objetivo fundamental.

Ahora bien, el relanzamiento cuantitativo y cualitativo de la actividad universitaria tiene que ser gestionado por las propias universidades, en ejercicio de su autonomía plena, principio constitucional y rasgo definitorio de la Universidad en todo el mundo. Las comunidades autónomas deben asumir sus competencias de política universitaria y el Estado debe garantizar la cobertura normativa y presupuestaria del conjunto del sistema, respetando el carácter no finalista de las transferencias. En último término, sin embargo, es cada universidad la que debe gestionar sus recursos y diseñar sus enseñanzas y programas de investigación, incorporando nuevas metodologías pedagógicas y adaptándose a la transformación tecnológica, en el marco de una digitalización generalizada cuya utilidad se ha hecho patente durante la pandemia. Sin olvidar que la enseñanza presencial debe seguir siendo la norma, porque siglos de experiencia así lo aconsejan.

Afirmar la autonomía de la Universidad no se refiere tan solo a sus órganos de gobierno, sino al conjunto de la comunidad universitaria, estudiantes, personal administrativo y de servicios, docentes e investigadores. La universitas scholarium es una institución participativa y democrática, en cuya gestión se involucra el conjunto de sus miembros. Pero también es una organización compleja que debe ser capaz de reaccionar con un sistema de decisión ágil y ejecutivo a los rápidos cambios de la sociedad.

Y, desde luego, la Universidad es y debe ser una institución comprometida con los grandes desafíos de nuestro tiempo, la justicia social, la defensa de la igualdad y la diversidad y la lucha contra todas las discriminaciones, empezando por defender la igualdad de género y orientación sexual. Afirmando además la identidad cultural propia del territorio del que emana, en diálogo con la cultura universal. Asumiendo un protagonismo en la transición ecológica en la que estamos inmersos y en la batalla decisiva contra el cambio climático. Los recintos universitarios deben ser modelos de sostenibilidad, vivida como experiencia y no solo en términos académicos.

En fin, la pandemia nos ha recordado que la salud es la base de la vida. En consonancia con este principio, las universidades no solo deberán enfatizar más que nunca la enseñanza y la investigación en ciencias de la salud, sino que deberían integrar en sus planes de estudio prácticas de salud cotidiana, haciendo del deporte y de la educación física actividades transversales en todos los estudios. Bellas palabras, principios que invitan al consenso. Pero el escepticismo al que nos hemos acostumbrado tras tantos intentos fallidos de reforma tal vez desvirtúe su interés por este texto. Le propongo un trato. Vaya contando leyes, normas, inversiones, programas, proyectos, así como su efecto sobre nuestras universidades. Empiece ya porque va con retraso. Y de aquí a un tiempo hablamos. La reforma de la Universidad está en marcha.

Manuel Castells es ministro de Universidades.