El deseo de votar

Las autoridades catalanas decidirán en las próximas horas si confirman o aplazan las elecciones autonómicas previstas para el 14 de febrero. El derecho al voto es el elemento central de cualquier democracia. Las circunstancias de Cataluña añaden elementos específicos por los que sería especialmente deseable proceder a esa votación. Este derecho (e interés) se contrapone a los riesgos de propagación del virus, que ya azota gravemente la comunidad, a través de una jornada electoral. La decisión debe tener en cuenta distintos elementos, entre los cuales obviamente destaca la dinámica epidemiológica. Otro factor es el grado de preparación logística para afrontarlas con seguridad. En otro orden de elementos, debe sopesarse el daño político de la prolongada interinidad. Con estos y otros criterios sobre la mesa tendrán que pronunciarse los partidos. La mayoría gubernamental y varias formaciones de la oposición parecen decantarse por un aplazamiento. Los socialistas se han pronunciado a favor de mantenerlas.

La situación epidemiológica es, sin duda, grave. Pero cabe yuxtaponerla a distintas consideraciones. Por un lado, las causas que otorgan especial interés a proceder a estas elecciones son múltiples. De entrada, la convocatoria llega ya con retraso respecto del calendario prometido por el president cesado, en verano, aprobados ya los presupuestos, y en sintonía con las elecciones gallegas y vascas. Después, la ausencia de legitimación electoral fragiliza a la Generalitat, cuyo presidente en funciones —Pere Aragonès, de Esquerra— ni siquiera utiliza ese título por imposición del socio de Waterloo (Junts, el fragmentado partido pospujolista). Todo ello, en consecuencia, debilita la interlocución y aportación catalana en momentos clave previos a la negociación de la financiación autonómica y al encaje final de los fondos europeos. Y, más aún, cuando el actual Govern —desde hace tiempo ya prácticamente en estado de parálisis— muestra cada vez mayores divisiones cotidianas.

En segundo lugar, los preparativos adecuados pueden reducir mucho los riesgos del proceso electoral. Cabe señalar en este sentido la organización de las presidenciales de EE UU, donde una preparación meticulosa ha facilitado que más de cien millones de ciudadanos votaran por correo o presencialmente por adelantado, en una situación de extrema gravedad pandémica. Otras medidas son posibles, como el desdoblamiento de la jornada electoral. Portugal, también muy azotado, tiene previsto celebrar presidenciales el 24 de enero. Si Cataluña hubiese dado pasos más decididos para encauzar de antemano una logística especial y adecuada a las circunstancias, la determinación habría podido adoptarse sobre una base diferente. Cabe señalar que la dirigencia catalana ha sido incapaz de aprobar desde 1979 una ley electoral autonómica, que quizá también habría podido facilitar las cosas. Quienes postulaban “poner las urnas” a cualquier precio en un referéndum ilegal —y lograron hacerlo de forma oculta— parecen haber sido menos eficaces esta vez.

Los casos de EE UU y Portugal muestran que la celebración se puede considerar. Pero, en definitiva, lo más importante es mantener una unidad democrática. Si una amplia mayoría del espectro político catalán se mostrara a favor del aplazamiento —aunque quepa sospechar algunos cálculos de conveniencia política partidista— no sería conveniente que la minoría librara un prolongado pulso.