Pausa salarial

El salario mínimo interprofesional (SMI) ha experimentado en España una fuerte subida en los últimos años. Ha sido una evolución justa, porque se partía de niveles inaceptablemente bajos, y oportuna para acercar al país a los mejores estándares europeos. Pese al avance consistente, no cabe ninguna complacencia, dadas las altas cotas registradas en España en cuanto a desigualdad social que es preciso seguir corrigiendo. Es imprescindible por tanto que esa senda de ascenso prosiga en el futuro, preferiblemente de forma escalonada, para que sea más fluida su digestión.

El Gobierno español debate estos días sobre si esta dinámica debe dar un paso más también en 2021. De entrada, hay que aclarar que se trata de un debate sustancialmente simbólico, entre congelación o una mínima subida del 0,9% —equivalente a la concedida a los funcionarios, en una desafortunada decisión que constituye un antecedente incómodo—. Esta subida sería tan escasa en términos absolutos, dado su punto de partida limitado (950 euros), que los beneficios para sus perceptores o daños para los empleadores serían casi intangibles.

Una mirada al entorno europeo muestra que varios países han previsto leves subidas del SMI. Pero España exhibe una combinación especial de factores que la diferencia. Sobre todo, un colapso económico más grave que ellos (debilitando mucho precisamente al tipo de empleadores que resultarían afectados por esta medida). Pero también una excepcional subida del SMI de un 45% en cuatro años. Cabe añadir a esos factores específicos uno general: una inflación, negativa, que no corroe el poder adquisitivo.

En ese marco, hay que entender que la disyuntiva simbólica no es entre hacer un guiño al gran capital o a los trabajadores. Los empleadores que deberían afrontar una nueva subida no son los grandes conglomerados empresariales, siempre más resistentes y, además, menos proclives a exhibir en sus nóminas a trabajadores de menor retribución. Se trata mayoritariamente de pequeñas empresas de sectores con escaso valor añadido muy golpeadas por la crisis, sobre todo en la hostelería, el turismo y el pequeño comercio, o empleadores individuales. La disyuntiva es, más bien, entre el dueño del bar al borde de la quiebra o sus empleados. Y en ese marco, tiene mucho sentido hoy considerar que la defensa de empleos y pequeñas empresas es una prioridad, para que la recesión no redunde en daños permanentes, enquistados por culpa de la evaporación del tejido productivo.

Considerar esto hoy no significa de ninguna manera renunciar al objetivo de fondo, sino tan solo perseguirlo teniendo en cuenta el contexto. Una eventual congelación debería ser momentánea y desbloquearse, para dar paso a un avance moderado, al minuto siguiente de la consolidación de la recuperación. Ni uno después.

La cohesión social es un valor fundamental beneficioso no solo para los desfavorecidos, sino para el conjunto de la colectividad. Las políticas que la persiguen son justas, y los modelos liberales que la abandonan provocan graves disfunciones en las sociedades además de sufrimiento personal. En ese sentido, ahora sin duda es el tiempo de políticas de protección. Hay que esforzarse, por ejemplo mejorando la erogación de la renta mínima de inserción. Puestos ante el dilema simbólico, no parece serlo para otro aumento del SMI el año que viene.