Definir las reglas del juego

Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en los próximos años es la eficiente ejecución y gestión del Fondo de Recuperación Next Generation. España ha sido uno de los primeros países en presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que se prevé que 72.000 millones de euros, es decir, aproximadamente la mitad del fondo de recuperación para España, se obtengan en forma de transferencias, y una parte muy relevante de estos se prevén para el ámbito de la vivienda. El foco en este campo se encuentra fijado prácticamente en su totalidad en materia de rehabilitación y eficiencia energética. Con la finalidad de lograr un flujo adecuado de inversión hacia las necesidades de nuestro país, se priorizan diez políticas palanca, alienadas con las siete iniciativas bandera europeas (flagship initiatives). Entre las iniciativas europeas destaca la rehabilitación energética de edificios. Por ello en el plan de España la agenda urbana y rural se configura como la primera política palanca, y en concreto las acciones vinculadas a la preparación de nuestras ciudades y pueblos a los retos actuales, generando entornos urbanos más accesibles e inclusivos. Esta priorización se traduce en que el plan estatal contemple como proyecto un “Plan para la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana” centrado en la eficiencia energética. Paralelamente, la colaboración público-privada se constituye como principio director fundamental para aumentar la capacidad de inversión de los proyectos tractores, ya que, de acuerdo con la experiencia internacional, en este tipo de proyectos, por cada euro de inversión pública se generan 4 euros de inversión privada.

A esta cuantía se añaden los fondos vinculados al Pacto Verde Europeo que tiene como objetivo alcanzar una profunda transformación de la economía europea, donde dejen de producirse emisiones netas de gases efecto invernadero en 2050.

Parece indudable que en materia de rehabilitación urbana nos encontramos con una oportunidad única. En España contamos desde hace tiempo con políticas nacionales vinculadas al impulso de la rehabilitación y regeneración urbanas, como son a nivel normativo la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Respecto a la financiación, el Plan Estatal de Vivienda contempla líneas de financiación para el impulso de la rehabilitación y regeneración de nuestras ciudades. No obstante, es cierto que las cifras alcanzadas hasta el momento en nuestro país distan mucho del ambicioso objetivo de lograr las 500.000 viviendas rehabilitadas en el marco de tres anualidades.

La pregunta, en este caso, es obvia, ¿cómo podemos ir preparándonos para poder gestionar adecuadamente los fondos que llegarán vinculados a la rehabilitación y regeneración urbanas? En primer lugar, será necesario que nuestros municipios analicen sus necesidades en este ámbito y tracen las primeras líneas para su definición. Sería oportuno que esta reflexión viniera acompañada de un análisis estratégico de las prioridades municipales. También en este ámbito contamos, al menos a nivel nacional, con políticas que facilitan esta reflexión. La agenda urbana española, tomada en consideración por el Consejo de ministros el 22 de febrero de 2019, constituye una hoja de ruta para que nuestros ayuntamientos desarrollen sus propios planes de acción. La agenda urbana establece ya como objetivo estratégico número 2 el “evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente”, y, dentro de ese, hasta seis objetivos específicos, entre los que destacan el impulso de la regeneración urbana y mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios. A través de la reflexión mediante la aprobación de la agenda urbana municipal, que lleva aparejada un importante proceso de participación pública, los ayuntamientos contarán con una herramienta esencial para acelerar sus proyectos de regeneración urbana. Una vez definidas a grosso modo las áreas sobre las que actuar, es necesario establecer mecanismos de gestión que posibiliten llevar a cabo la rehabilitación en nuestro país, marcado por la vivienda en propiedad. En este punto es donde va a ser necesario encontrar y engrasar mecanismos de colaboración público-privada.

La CEOE así lo ha señalado en su informe-propuesta al Gobierno, en el que destaca la necesidad de “agilizar la colaboración público-privada”. Es cierto que a la hora de gestionar la res publica, existen múltiples opciones, pero el único camino para poder alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto en el campo de la rehabilitación será generando escenarios en los que, bajo la batuta de la administración pública, y siempre considerando el carácter vulnerable de muchas familias que viven en lo que serán las áreas prioritarias de rehabilitación, el sector privado pueda proponer, ejecutar y gestionar todas las acciones necesarias para hacerlos realidad.

Los organismos internacionales llevan tiempo trabajando en estos objetivos. La Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE), y en concreto su comité en materia de vivienda y gestión del suelo promueve activamente en la consecución de ciudades compactas, inclusivas y sostenibles en las que la eficiencia energética y la existencia vivienda adecuada sean una realidad, a través un uso y gestión del suelo transparente y eficiente.

En materia de rehabilitación y regeneración urbana contamos en España con el marco normativo necesario, con el impulso municipal y con un sector privado en el campo de la construcción y promoción que ya vislumbra este campo como una oportunidad. Solo será necesario definir claramente las reglas del juego de manera jurídicamente segura, para que la rehabilitación de nuestro parque de viviendas y la regeneración de nuestras ciudades sea definitivamente una realidad.

Helena Beunza es la representante del Gobierno de España en el Comité de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenación del Territorio de Naciones Unidas.