Perú: peligrosa regresión democrática

Parecía inverosímil que se llegara a ese extremo en medio de la pandemia, una grave recesión y proceso de elecciones generales en marcha. La indispensable estabilidad y continuidad de la institucionalidad democrática se vio interrumpida de un tajo el lunes con la destitución por el Congreso del presidente Martín Vizcarra.

Veinte años de continuidad democrática, desde el colapso del régimen de Fujimori en noviembre de 2000, se vieron truncados por una convergencia de apetitos de poder, corruptelas, demagogia y ambiciones deleznables.

“¿Qué pasa en tu país?”, me escriben amistades desde distintas partes del mundo. Igual pregunta se hace hoy una mayoría indignada de la población peruana. Hay varias cuestiones de fondo tras la regresión democrática producida con la destitución presidencial y su reemplazo por el presidente del Congreso, Manuel Merino (elegido congresista en enero con ralos 5.000 votos). Resaltan cuatro asuntos.

Primero, la “vacancia presidencial” declarada apresuradamente por el Congreso. Es jurídicamente frágil; el Tribunal Constitucional tiene un contencioso entre manos sobre el tema.

La Constitución “blinda” a quien ocupa la presidencia; quien la ocupa puede ser acusado solo sobre asuntos muy limitados (art. 117). Igual para declarar la vacancia (art. 113). Es insostenible una laxa interpretación jurídica de la norma sobre “permanente incapacidad moral” aplicada contra Vizcarra, pues es claro el foco de la Constitución: la estabilidad presidencial mientras dure el período constitucional.

Es cierto que lo de la “permanente incapacidad moral” podría ser mejor regulado. Pero en ningún caso interpretado saltando con garrocha el debido proceso o la estabilidad en el cargo presidencial que la Constitución establece como principio. Menciones sobre Vizcarra por unos aspirantes a la colaboración eficaz en investigaciones preliminares contra la corrupción bastaron para que el Congreso decretase, raudamente, su “incapacidad moral”. Sobre sospechas; sin pruebas ni acusaciones formales que solo saldrían de una investigación fiscal. Esta, por cierto, debe hacerse y en profundidad.

El Tribunal Constitucional tiene entre manos desde setiembre el contencioso sobre el contenido y procedimiento de una declaratoria de “incapacidad moral”. Su decisión podría incidir en lo hecho por el Congreso. La OEA se refirió este miércoles a lo ocurrido: “…compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas”. La “bola” está, pues, en su cancha.

Segundo, se aglutinaron congresistas de ideas disímiles; sin eje ideológico o programático articulador, ni mucho menos. ¿Qué los unió? Todo apunta a que no fue un propósito de consolidación democrática ni “anticorrupción”, sino todo lo contrario: varias discutibles agendas particulares. Que obedecen no a legítimos proyectos o programas políticos, sino a intereses crematísticos o empresariales específicos o a proyectos políticos antidemocráticos.

Por ejemplo, congresistas propietarios de cadenas de lucrativas universidades que, por no haber pasado una valla mínima de calidad, han visto su licencia cancelada –o amenazada– por el vigente –y solvente– sistema de supervisión de instituciones universitarias que lleva operando solo algunos años. El propósito es tumbarse ese sistema y regresar al caótico laissez faire, sin exigencias institucionales ni de calidad. Este asunto ha sido ya puesto, raudamente, en la agenda del Congreso esta misma semana.

Otro factor contributivo en esa votación parlamentaria ha sido el proyecto fascistoide de uno de los dos grupos políticos claves en la vacancia: el llamado “etnocacerismo”. Partido que es propiedad de un personaje en prisión (por asuntos de corrupción) y que tiene su rostro más visible en el exmilitar Antauro Humala –hermano y enemigo del expresidente Ollanta Humala– condenado por la Corte Suprema a 19 años de prisión por homicidio de cuatro policías y secuestro agravado. Además del indulto del condenado, entre sus banderas principales está el restablecimiento de la pena de muerte y el retiro del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Convergieron en la decisión de “incapacidad moral”, además, una vastedad de agendas particulares, frenadas por el Gobierno saliente, de transportistas informales, minería ilegal y otros sectores parecidos que están ahora más cerca de obtener luz verde para sus intereses.

Tercero, la convergencia de personas y grupos condenados, acusados en la justicia o investigados por graves hechos de corrupción. Hay allí mucho pan por rebanar pues la mayoría de congresistas están investigados, acusados o condenados por la justicia.

Como lo ha revelado “El Foco”, medio de comunicación digital, la mayoría de congresistas –68 de 130– tienen abiertas carpetas fiscales de investigación por corrupción y hasta por homicidio. Sobre el nuevo presidente del Congreso (desde este martes), en “El Foco” se destaca que entre las 52 investigaciones que la Fiscalía le tiene abiertas, hay usurpación agravada, resistencia a la autoridad, defraudación, abuso de autoridad y, ¡cómo no!, corrupción de funcionarios.

Otros ya pasaron de investigados a acusados oficialmente por la Fiscalía ante la Justicia. Entre ellos nada menos que el ex contralor general y actual presidente de la comisión de fiscalización del Congreso –y miembro del partido “etnocacerista”- para quien la Fiscal de la Nación ha pedido 17 años de prisión por serios delitos de corrupción de cuando se desempeñaba como contralor.

Cuarto, la concentración de poder. Que ya no es una simple amenaza y es lo que esta semana ha tenido a la gente en las calles. El proceso generado desde el putsch del Congreso amenaza con el copamiento de las instituciones públicas cancelando los pesos y contrapesos indispensables en un sistema democrático. Que puede llegar, por cierto, a afectar la transparencia -y hasta la fecha- de las próximas elecciones.

El primer espacio institucional en la escena a ser fagocitado: el Tribunal Constitucional, cuya independencia está seriamente amenazada. Hay varios pleitos en el TC en los que es precisamente el actual Congreso la parte demandada con lo que el tribunal es hoy la pieza institucional fundamental para el equilibrio de poderes.

En este contexto, coincide que en la agenda del Congreso está la renovación de los integrantes del TC: seis vacantes del total de siete magistrados. La mayoría congresal controla la comisión de selección, la que en oscuro proceder maneja un proceso poco serio y transparente. Esto ha puesto en primera línea el clamor ciudadano de que bajo ninguna circunstancia este Congreso cuestionado designa a estos seis magistrados. Y que quede ello para el Congreso a elegirse en abril próximo, dejando abierta, así, una brisa de control de poder ante el avasallamiento institucional en desarrollo.