Urge la política

La imposición de restricciones para luchar contra la pandemia desde el fin del estado de alarma, el 21 de junio, se ha visto jalonada de reveses judiciales que en ocasiones han anulado medidas impuestas por los Gobiernos autónomos. Pero ninguno de ellos ha tenido la dimensión del que asestó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los jueces dejaron en el aire el confinamiento perimetral de Madrid y otros nueve municipios de la región, que afectaban a más de cuatro millones de personas, al anular las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid en cumplimiento de una orden del Ministerio de Sanidad, fruto de un acuerdo en el Consejo Interterritorial al que el Ejecutivo regional se había opuesto.

El Tribunal Superior, el mismo que antes había autorizado los confinamientos en 45 áreas de salud de la Comunidad, considera que las nuevas medidas no tienen cobertura legal. La motivación es que las anteriores se apoyaron en una ley orgánica de 1986 que sí respaldaba adecuadamente el recorte de libertades, mientras que las últimas se basaron en una ley de 2003 que no otorgaba esa competencia. La decisión ha sembrado el desconcierto en la ciudadanía al dejar en suspenso el confinamiento del centro neurálgico de España. Además, arroja dudas sobre si, en ausencia de consensos políticos, el marco legislativo tiene todo el nivel de claridad y eficacia que se requiere en este momento.

La legislación española, como la de todo el mundo, fue escrita en ausencia de una amenaza a la salud tan masiva como la de esta pandemia. Hasta ahora, sin embargo, ha avalado confinamientos selectivos en lugares que han precisado un mayor control, desde Lleida hasta Ourense o Palencia. Después del estado de alarma, los Gobiernos autónomos han encontrado herramientas legales para imponer confinamientos.

Hasta llegar a Madrid. En el caso de esta comunidad, que rechazó el citado acuerdo con Sanidad pese a haberlo buscado y apalabrado la víspera, según informó su vicepresidente, el enfrentamiento expone las costuras del sistema. El Gobierno hará bien en abrir el debate para adaptar las leyes, tal y como sugiere el Superior y propone el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Los tiempos judiciales no son los de la crisis sanitaria. Por eso, es la política la que debe resolver lo que se ha estancado en los tribunales. No mediante una dimisión del ministro, como se apresuró a pedir el PP en uno de los gestos hiperbólicos que caracterizan su forma de hacer oposición, sino mediante la búsqueda de amplios acuerdos que pongan la salud de los ciudadanos antes del interés partidista. Urge tender puentes, urge la política y urgen medidas eficaces. Lo mejor es que sean pactadas. Pero si la Comunidad de Madrid permanece enrocada en el obstruccionismo mostrado en las últimas semanas, el Gobierno tiene motivo para considerar la aplicación del estado de alarma en el interés de la salud de los ciudadanos. No hay tiempo que perder.