La ciencia como derecho

El coronavirus ha provocado un acercamiento de la ciencia a la sociedad a la par que ha incrementado también el grado de reconocimiento hacia los investigadores. Nunca el trabajo de los científicos ha ocupado tanta atención como ahora, ni ha sido utilizado en tantas ocasiones como criterio válido para respaldar decisiones políticas. Los medios de comunicación siguen de cerca los avances de la carrera por la consecución de la vacuna, a la par que recaban la opinión de los investigadores para interpretar mejor la evolución de la pandemia y, desde ahí, poder enjuiciar con criterio la gestión política. Bien podríamos decir, por tanto, que la desgracia que estamos sufriendo ha logrado unos niveles de conocimiento y sensibilización científica en la sociedad que no había conseguido ninguna política de difusión y divulgación. Ojalá podamos preservarlos.

A partir de lo expuesto, insistiré primero en lo obvio: no hay desarrollo, ni futuro esperanzador para un país, sin una política científica bien articulada desde la que poder impulsar la generación de un ecosistema virtuoso capaz de crear conocimiento y transmitirlo de manera más eficaz al tejido productivo. Solo así se puede acelerar los cambios que nos permitan acomodarnos mejor a los desafíos presentes y futuros. Por todo ello, es bueno recordar, aprovechando la elaboración de los nuevos presupuestos generales del Estado, la necesidad de hacer un esfuerzo para incrementar significativamente la actual inversión pública en ciencia. El mismo esfuerzo sería recomendable reclamar al sector privado, muy alejado históricamente en España de este compromiso. Pero, más allá del volumen de recursos que seamos capaces de movilizar, resulta importante también garantizar su estabilidad en el tiempo. De hecho, solo desde esta certeza los equipos y centros de investigación pueden abordar proyectos altamente competitivos susceptibles de obtener resultados significativos. Para que todo esto sea posible es imprescindible, no obstante, que la ciencia escale posiciones en la jerarquía de temas que configuran la agenda política y permanezca en ella más allá de la pandemia.

Si lo dicho no es suficiente para convencernos, convendría apelar también al dato, poco conocido, de que la ciencia está contemplada como un derecho en diferentes textos internacionales que España ha suscrito y por los que se siente vinculada moral y jurídicamente hablando. Así ocurre, por ejemplo, con la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 27) de Naciones Unidas o con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 15, b). Este último impone a los Estados parte la obligación de reconocer a toda persona el derecho a “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”. Una redacción esperanzadora particularmente en un contexto en el que, junto a la carrera por la consecución de una vacuna eficaz contra la covid-19, se plantea la necesidad de ordenar y garantizar un acceso generalizado a la misma en condiciones económicas asumibles. Quienes tienen posiciones de responsabilidad en lo público y en lo privado no pueden olvidarlo.