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Columna
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Evaluar ahora, y no cuando ya sea tarde

Adolecemos de una falta de cultura de evaluación en el conjunto de las administraciones públicas y en otras organizaciones privadas que resulta todo un hándicap para la gestión

Cristina Monge
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, el pasado 25 de septiembre en la Moncloa, Madrid.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, el pasado 25 de septiembre en la Moncloa, Madrid.Moncloa (Europa Press)

Uno de los secretos mejor guardados de la pandemia en España es por qué su gestión no se está evaluando de forma externa y con profesionales independientes. El Gobierno insiste en que ahora está centrado en intentar contener al virus, y que ya llegará el momento de evaluar. ¿Cuándo será ese momento? ¿Cuando ya no haya nada que corregir y mejorar, porque la pandemia haya terminado o porque se nos haya llevado por delante?

Si “investigar en España es llorar”, como decía Santiago Ramón y Cajal, intentar evaluar es llorar en soledad, máxime si de políticas públicas se trata, y especialmente desde que en julio de 2017 el Gobierno presidido por Mariano Rajoy disolviera la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval). Ese organismo tenía como objetivo la promoción y realización de evaluaciones y análisis de impacto de las políticas y programas institucionales. Esto ha supuesto, a la larga, un abandono de los procesos de evaluación, pese a los esfuerzos realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), quien, además, plantea ahora reforzar esta línea en su Plan Estratégico 2020-2026.

Si el motivo de la disolución de Aeval fue, simplemente, ahorrar gasto, conviene analizar hasta dónde puede llegar el coste de no tener un órgano de evaluación de políticas públicas. Como ocurre con todo lo sustancial —con la educación, con la salud o con el medio ambiente, por ejemplo—, si invertir en ellos es caro, aterra pensar lo caro que puede salir no hacerlo.

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En definitiva, adolecemos de una falta de cultura de evaluación en el conjunto de las Administraciones Públicas y en otras organizaciones privadas, que resulta todo un hándicap para la gestión. Probablemente porque se ve como un proceso en busca de culpables, con ánimo inquisitorial y estigmatizador; pero siendo cierto que, en algunos casos, quien lo propone puede estar buscando ese efecto, tal situación podría combatirse sistematizando la evaluación de manera que forme parte de los procesos de gestión habituales.

La evaluación de políticas públicas es una técnica basada en un método sistemático, riguroso y transparente de recopilación y análisis de información, que permite medir y calificar todas las fases de una política. Es decir, su diseño, gestión, resultados y efectos. Lo hace partiendo de criterios e indicadores previamente determinados que permiten comprobar si los objetivos planteados se han conseguido y hasta qué punto son atribuibles a esa política. Y de esa forma tomar decisiones que ayuden a mejorar la gestión. El proceso de evaluación debe estar contemplado ya al inicio de cualquier política, y debe ser algo permanente que acompañe a la gestión, no algo que ocurre al final, cuando ya no hay remedio. La buena noticia es que España, y la Administración pública en concreto, tiene excelentes profesionales que podrían desarrollar esta tarea. Especialmente ahora, que nos va la vida en ello.

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Sobre la firma

Cristina Monge
Imparte clases de sociología en la Universidad de Zaragoza e investiga los retos de la calidad de la democracia y la gobernanza para la transición ecológica. Analista política en EL PAÍS, es autora, entre otros, de 15M: Un movimiento político para democratizar la sociedad y co-editora de la colección “Más cultura política, más democracia”.

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