‘President’ del caos

Ninguno de los alegatos lanzados ayer en Madrid contra el Tribunal Supremo por Quim Torra vale —ni jurídica, ni política, ni moralmente— nada de nada.

Alega el reo que se le juzga por hacer uso del derecho fundamental a la libre expresión.

Falso. Se le juzga por desobedecer a la junta electoral, aunque también apuró el desaire con el máximo tribunal catalán. Por colocar una pancarta partidista no en su domicilio particular, sino en el edificio público por antonomasia de los catalanes. Por violar el deber de neutralidad al que está afectado el Palau de la Generalitat, y mellar por ende los derechos de todos los ciudadanos, los contrarios a la pancarta y los partidarios de la misma.

Alega el reo que se le juzga por encabezar el Gobierno de la Generalitat, pues el tribunal “quiere hacer caer a otro president”. A la petulancia de compararse con el más empático e imaginativo Carles Puigdemont, añade Torra la falsedad de que el Supremo provocase la caída de este último: ni le dio tiempo, ya había huido a Waterloo, vía Bruselas.

Pero además, al hollar la neutralidad de la sede de la institución, el reo no ejerció de presidente de todos los catalanes, sino de sí mismo. No se le juzga por ser titular de la presidencia, sino por —presuntamente— delinquir en su ejercicio.

Alega el reo que el tribunal es parcial, que el proceso es “aberrante” y que el Estado (al que precisamente él representa en Cataluña) “pisotea” la democracia y nos somete a la “arbitrariedad judicial”. Desprecia así un principio elemental de la democracia: es el poder judicial el que controla al poder ejecutivo y no a la inversa. Y al añadir que el sistema nació de “una transición” que ahora descubre como “heredada del franquismo”, repudia al partido por el que fue elegido diputado, pues era hereu de un puntal de esa transición, que contribuyó como el primero al Estatut y a la Constitución. Si Miquel Roca es un heredero del franquismo, ¿cómo es que logró nacer en el exilio, el de verdad?

Alega el reo que se prometió a todos la libertad de poder decir cuanto quisieran, también sobre la secesión, y que en cambio ahora se les impide a algunos ese ejercicio democrático mediante persecuciones judiciales: vuelve a confundir la libre expresión, de la que todos disponen —él mismo la empleó ayer ad nauseam—, con actos ejecutivos de una autoridad que contraríen el ordenamiento legal vigente.

Yerra en fin el reo hasta en detalles nimios. Pues su inhabilitación no supondría la “caída” de su Gobierno, ya lo ha dañado él hace poco despojándole de soberanistas librepensadores como Miquel Buch o Àngels Chacón, y en todo caso podrá continuar bajo un president más reflexivo, como su rival Pere Aragonès.

Ni inhabilitarle es sinónimo del “fin” de esta legislatura, que él mismo certificó el 29 de enero y que se comprometió a ejecutar, en claro perjurio político.

Ni hay “castigo a un país” en medio de una pandemia: el trauma para la nación catalana es verse sometida a tanto desvarío.

En todo eso demuestra el activista que desprecia tanto el mundo de las reglas democráticas —que él debiera conocer en tanto abogado que fue, aunque sin éxitos— como otros iluminados populistas, del estilo Boris Johnson o Donald Trump; a su lado, unos gigantes.

Pero hay más, al intentar perpetuarse en el cargo y negarse de nuevo a convocar las elecciones que prometió —ahora con la excusa de la pandemia, barata pues ha sido casi tan desastroso frente a ella como Isabel Díaz Ayuso—, propugna la confrontación desde la pretendida defensa de la figura de la presidencia.

Es el mismo desprecio institucional demostrado contra el Govern, al que remodela según caprichos partidistas; el Parlament, al que buscar enfangar en la ilegalidad, y el resto de instituciones y entidades del autogobierno. ¿President? Del caos.